El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado este martes que presentará alegaciones ante el Consejo de Estado en defensa del trasvase Tajo-Segura y para respaldar a los regantes alicantinos, y además ha exigido al Gobierno que rectifique y mantenga el precio del agua desalada.

Puig ha enviado un escrito a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, en el que le pide que conceda audiencia a la Comunidad Valenciana para conocer de primera mano la redacción final que ha llegado a ese órgano consultivo sobre el proyecto de real decreto de diversos planes hidrológicos, entre ellos el que afecta al trasvase Tajo-Segura, y poder así presentar las alegaciones que se consideren necesarias.

RECHAZO A LOS CAMBIOS EN EL DECRETO

Fuentes de la Generalitat Valenciana han recordado que el proyecto normativo que fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre incluía una disposición adicional novena esencial para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, por lo que cualquier modificación o supresión de la misma en el último borrador de decreto ley que ya tiene el Consejo de Estado encontrará «el más firme rechazo» del Gobierno valenciano.

El president Puig ha revindicado que el acuerdo que se alcanzó en ese Consejo Nacional del Agua era «razonable», pues simplemente exigían que en 2025 se pudiera actualizar la decisión sobre el trasvase en función del estado del Tajo.

Ha insistido en que ese acuerdo «no tiene nada que ver con ningún tipo de patrioterismo del agua ni enfrentamiento del agua», sino que se trata de actuar de forma «racional» para garantizar el agua que genera miles de puestos de trabajo en Alicante y la zona mediterránea, «además sin atentar frente a ningún derecho de nadie».

Por eso, «vamos a presentar todas las alegaciones ante el Consejo de Estado y vamos a mantener una posición de apoyo permanente a los regantes, porque tienen razón», ha manifestado el president ante el previsible cambio del contenido del real decreto.

La Generalitat Valenciana recuerda la necesidad de respetar los acuerdos alcanzados y exige que se mantenga en sus mismos términos aquello que se pactó en su día y obtuvo el refrendo del Consejo Nacional del Agua, y alerta de que en caso de incumplirse emprenderá todas las acciones a su alcance para defender la continuidad del trasvase Tajo Segura y apoyar así «las justas demandas» de los regantes alicantinos.

Según las mismas fuentes, ahora corresponde al Consejo de Estado emitir el preceptivo dictamen sobre el proyecto de Real Decreto relativo a los planes hidrológicos de cuenca de determinadas demarcaciones, antes de remitirlos al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

NO AL AUMENTO DEL PRECIO DEL AGUA DESALADA

Con la decisión del ejecutivo valenciano de solicitar audiencia al este órgano consultivo del Gobierno para poder efectuar alegaciones, reafirma tanto su «compromiso inquebrantable» en defensa de los regantes valencianos y su voluntad de agotar todas las vías posibles en aras de asegurar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.

Además, el president de la Generalitat Valenciana también se ha referido a la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y de la empresa pública Acuamed, con la que gestiona el agua desalada en España, de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada que usan los regantes del Acueducto Tajo-Segura y que supondrá en la práctica triplicar el precio del agua desalada.

«La decisión de incrementar el precio del agua es absolutamente inaceptable y va en dirección absolutamente contraria a un planteamiento de transición que facilite agua para siempre», ha afirmado Puig, quien ha exigido una rectificación al Gobierno.