La Generalitat ha formalizado dos denuncias ante la Fiscalía provincial de Valencia contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), tras detectar la presencia de vertidos de residuos y de más de 300 vehículos afectados por las riadas abandonados en el entorno del barranco del Poyo. Estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de contaminación ambiental o de traslado de residuos tipificados en el Código Penal.
Así lo ha avanzado el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, quien ha explicado que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha tramitado estas actuaciones después de que este martes el Pleno del Consell tomara conocimiento de la denuncia presentada por la Conselleria ante el Seprona por el vertido y tratamiento de residuos que está realizando la CHJ y el abandono de vehículos junto al barranco del Poyo en Riba-roja de Túria. Unas actuaciones que se han detectado en el marco de los trabajos de recuperación del cauce tras las riadas de la DANA del pasado 29 de octubre.
Mérida ha detallado que desde la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental se ha tenido conocimiento de tres informes emitidos por el cuerpo de Agentes Medioambientales de la Generalitat con los que “hemos podido constatar que los residuos que la riada ha dejado al descubierto en zona del cauce están siendo trasladados desde el propio cauce a la parcela contigua (la número 14, del polígono 22 en Riba-roja de Túria) sin ningún tipo de tratamiento ni acondicionamiento del terreno, incumpliendo la normativa”. Se trata principalmente de plásticos, ruedas, textiles, maderas que están siendo vertidas y enterradas en la mencionada parcela, con una superficie aproximada de siete hectáreas.
El secretario autonómico ha señalado que, “frente a estas malas prácticas de la CHJ, desde el Consell se trabaja desde los primeros días para que la gestión del millón de toneladas de residuos derivados de las inundaciones se haga de acuerdo con la normativa en la materia y se ha puesto en marcha un contrato por valor de cerca de 180 millones de euros con el objetivo de garantizar un tratamiento adecuado y minimizar el impacto en nuestro territorio”.