La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un total de 16 años de prisión para cada uno de los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz Mateos en el marco del llamado «caso Nueva Rumasa».
En su escrito de acusación ante la Audiencia Nacional, presentado este martes 28, la Fiscalía precisa que se acusa a todos ellos de los delitos de estafa -por el que propone 9 años de cárcel-, blanqueo de capitales -4 años- y alzamiento de bienes -3 años-.
Un sistema «piramidal» a través de la emisión de pagarés que les permitió captar 337 millones de euros aportados por 4.100 particulares
También están acusados Zoilo Pazos Jiménez y Alfonso Barón Rivero, miembros ambos de la familia Ruiz Mateos, así como los trabajadores y colaboradores de Nueva Rumasa Manuel Sánchez Marín, José Ramón Romero, Rufino Romero de la Rosa y Ricardo Álvarez Castaño.
El caso se remonta al período 2009-2011, cuando la compañía familiar presidida por José María Ruiz-Mateos ideó un sistema «piramidal» a través de la emisión de pagarés, que le permitió captar -sin dar a conocer la delicada situación financiera del grupo- 337 millones de euros aportados por 4.100 particulares, de los cuáles dejaron sin devolver 289 millones, según Anticorrupción.
La tesis de la Fiscalía es que los fondos captados «fueron redirigidos a una caja única en una sucursal del banco Etcheverría en Madrid, de la que los acusados disponían en función de las necesidades» del grupo, aunque también se sufragaban con este dinero «cuantiosos gastos de índole personal del clan familiar».
Además, apunta a que por el momento «se desconoce el destino último de 82 millones de euros que los acusados retiraron en efectivo de las cuentas bancarias».
Anticorrupción también acusa de un delito de alzamiento de bienes a tres personas más -Ángel de Cabo Sanz, Fernando Juan Lavernia e Iván Manuel Losada- por haber pactado con los hijos de Ruiz-Mateos la compra de sociedades de Nueva Rumasa tras la emisión de pagarés, «con el fin de controlar los concursos de acreedores (…) y salvaguardar en lo posible el patrimonio personal de la familia».
Solicita que los quince acusados indemnicen «conjunta y solidariamente a las personas que figuran como inversores» en los pagarés y otros títulos similares emitidos por el grupo.
Se exime a la viuda del empresario, Teresa Rivero, por no encontrar suficientes pruebas que atestiguasen su participación
No obstante, precisa que de las indemnizaciones que decrete el tribunal deberán responder «subsidiariamente» las sociedades emisoras de los citados pagarés y otras «cuyo patrimonio es objeto de medidas cautelares en este procedimiento».
El documento incluye una lista compuesta por 58 empresas del entorno de Nueva Rumasa, entre las que se encuentran Carnes y Conservas Españolas, grupo Dhul, Clesa, Bodegas Teresa Rivero y Cacaolat.
El escrito de acusación de la Fiscalía se conoce mes y medio después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata anunciara la continuidad del proceso judicial iniciado por el «caso Nueva Rumasa».
En el auto del Juzgado Central Instrucción número 5 se detallaba la existencia de indicios para abrir procedimiento contra estos quince acusados, pero eximía a seis de los investigados, entre ellos la viuda del empresario, Teresa Rivero, por no encontrar suficientes pruebas que atestiguasen su participación en los hechos.