Este fin de semana, unas 100 personas se disfrazarán en Medina de Pomar y Villarcayo (Burgos), convocados por la Plataforma Anti fracking de esta provincia, para rechazar estos proyectos, una corriente de oposición que alcanza a 45 ayuntamientos y colectivos.
"Dicen que somos ecologistas o macarras; pero somos gente sencilla, agricultores y ganaderos en muchos casos", ha detallado a Efeagro la apicultora y miembro de esta Plataforma, Yolanda Martínez.
En su opinión, los proyectos de investigación ponen en riesgo el parque natural de Ojoguareña, el conjunto de cuevas más extenso de España, y Las Merindades, "varios centenares de hectáreas" en total.
Y señala seísmos, muerte de ganado, explosiones de gas y contaminación del agua y del aire por materiales químicos y volátiles como riesgos que generaría una actividad gasista.
Josué Bilbao (Plataforma Anti fracking Cantabria) ha indicado que en la región -cuyo Gobierno se ha planteado buscar fórmulas para prohibir estas técnicas- hay seis permisos de investigaciones concedidos que afectarían a un tercio del territorio y, en octubre, se registró una nueva petición que afectarían a las cabeceras y valles altos de los ríos Pas, Pisuela, Miera y nacimiento del Ebro.
Si los proyectos acabasen en explotación comercial podrían abrirse "cientos de pozos", cada uno de los cuales "perdería el 5 % de gas el primer año", y se podrían contaminar acuíferos, segúm Bilbao.
Entre los impulsores de las solicitudes, cita a Repsol, Gas Natural, Shesa, Heyco Energy, Cambria y R2 Energy.
En Castilla-La Mancha, UPA ha rechazado proyectos en el área de influencia de los Acuíferos 23 y 19 y, en Asturias, Francisco Ramos (de la Plataforma Anti fracking) ha afirmado que siguen en pie sendas solicitudes de investigación que afectarían a Granda y Morán, mientras que recientemente se han presentado las iniciativas Cuelebre I y Cuelebre II, que engloban zonas terrestres y marítimas.
Quique Luque, de la Plataforma anti fracking comarcas de Castellón, ha detallado que hay tres solicitudes de exploración de Montero Energy Corporation, que aún no han sido concedidas, y frente a las que se han movilizado 15 ayuntamientos y colectivos del Bajo Maestrazgo, porque temen por el futuro del acuífero del que se nutren.
Estos estudios escrutarían más de 195.000 hectáreas, desde Peñíscola y la zona marítima hacia el interior de la provincia.
Eduardo Gutiérrez, de la Plataforma ciudadana anti fracking Andalucía, ha resaltado que se han solicitado 16 permisos de investigación, de los que cuatro, que se han otorgado ya, afectarían a "varios miles de hectáreas de toda la Vega del Guadalquivir, desde Jaén hasta Cádiz", al parque natural de Los Alcornocales y áreas de la Costa andaluza.
Oil and Gas Capital se ha hecho ya con tres permisos de investigación durante seis años para buscar hidrocarburos, según Gutiérrez.
Se trata de los proyectos "Penélope" (en todo el Aljarafe, en Sevilla 27.208 has); Ulises-2 (40.812 has en Baeza, Bedmar y Garcíez, Begíjar, Jaén, Jimena, Lupión, Mancha Real, Torreblascopedro, Torres, Ubeda y Villatorres) y Ulises-3 (27.208 has en Baeza, Bedmar y Garcíez, Cazorla, Jódar, Peal de Becerro, Quesada y Ubeda).
Esta firma también solicitó permisos de investigación a la Junta de Andalucía en Córdoba ("Lola 2" y "Lola 1"), que se suman a otros vigentes o pedidos por las compañías Storengy España, Repsol, Petroleum Oil & Gas o Portland Gas, ha asegurado.
A nivel estatal, Petroleum Oil & Gas (Gas Natural Fenosa) y Shuepbach Energy y Vancast Explotación cuentan con permisos otorgados para explorar zonas de Cádiz, Huelva y Sevilla.
Por parte de la Plataforma Fracking EZ Araba, Mikel Otero ha considerado que los proyectos de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) podrían demorarse porque el actual Ejecutivo se muestra reacio a estas técnicas, en contraste con el impulso del anterior lehendakari, Patxi López.
El proyecto Gran Enara engloba a 11 permisos de exploración, 7 de ellos en Alava y 4 en Burgos, ha recordado Otero.
Ha manifestado su temor por el futuro del gran acuífero de Subijana del que "beben 22 pueblos de Alava" -la mayor reserva de agua subterránea de Euskadi-, que se considera "estratégico", al aportar recursos a embalses que suministran a Bilbao y Vitoria en caso de carestía.
Por el contrario, para Shale Gas España, el "fracking" se utiliza desde hace más de 40 años y "en todo ese tiempo no se ha producido ningún caso de contaminación" de aguas subterráneas, sus entornos ni otros de los problemas que los detractores de las técnicas detectan.
Estos procesos de investigación pueden durar seis años y, una vez que se tengan los resultados, han añadido, las empresas podrán determinar si es viable extraer el gas, por lo que la extracción comercial no llegaría, en el caso de que se produzca, hasta 2018 o 2019.