En el caso concreto de Castilla y León, Asaja ya había advertido sobre las consecuencias de esta eliminación de la ayuda regional –que rondaba los 16 millones de euros anuales para el conjunto de seguros agropecuarios y que en 2012 se vio reducida a 0 euros–, aunque lo que no se podía anticipar era "que la repercusión en el aseguramiento iba a ser tan fulminante: en Castilla y León se ha pasado de las 1.081.000 hectáreas con cobertura de la campaña anterior a las 893.000 de la superficie sembrada en la campaña cerealista actua", asegura en un comunicado.

   Según esta organizació, desde hace años en la Comunidad Autónoma el nivel de aseguramiento superaba siempre el millón de hectáreas, así que “este enorme descenso obedece claramente a una circunstancia nueva, la pérdida del apoyo público, tanto por parte de la Consejería, que ya no da nada, como del Ministerio, que ha reducido también su aportación”, subraya Asaja. Este punto queda confirmado, en su opinión, si se compara el nivel de aseguramiento nacional, que también ha caído (alrededor de un 9%), pero de forma menos acusada, puesto que el apoyo autonómico al seguro no ha sido esquilmado en otras partes como en Castilla y León.

   Por provincias, el descenso del número de hectáreas contratadas ha sido especialmente fuerte en las provincias netamente cerealistas, como Valladolid, con 58.521 hectáreas y 792 pólizas menos; Palencia, con 51.000 hectáreas y 762 pólizas menos, y Burgos, con 28.167 hectáreas y 454 pólizas menos; aunque la bajada es generalizada en todas las provincias, ya que en Ávila, Salamanca y Zamora también se reduce el aseguramiento fuertemente, quedando fuera en cada una de ellas más de 10.000 hectáreas que habitualmente sí contaban con cobertura.

    Asaja lamenta que las cifras confirmen lo que ya había advertido: que “en muy poco tiempo estamos asistiendo al desmantelamiento del sistema de seguros agrarios español, que había sido construido con el esfuerzo de todos durante 25 años y que ahora, en pocos meses, se está desmoronando sin que los políticos muevan un dedo”.

Extremadura

   No le ha ido a la zaga Extremadura, donde las organizaciones agrarias han pedido a la Junta que rectifique su decisión de eliminar este año la ayuda a la contratación de seguros agrarios ya que esto provocará que los agricultores reduzcan el capital asegurado lo que tendrá unas consecuencias "nefastas" en caso de una climatología adversa.

   La Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex), COAG Extremadura, UPA-UCE Extremadura y Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, se han reunido, a propuesta de ésta última, para analizar la situación del campo tras la supresión de la ayuda autonómica para el 2013.

   La presidenta de Cooperativas Agroalimentarias, Carmen Moreno, ha señalado que asegurar las producciones es la única forma de garantizar la continuidad de las explotaciones agrícolas ante las adversidades climáticas. Por ello, ha destacado la importancia de la ayuda regional que supone "una aportación muy pequeña frente a una contraprestación que siempre ha sido muy grande".

   En este sentido, ha explicado que los agricultores y ganadores de la comunidad aseguraron 1.100 millones de euros del valor total de la producción y que la ayuda del Gobierno regional fue de 9,8 millones de euros, lo que supone tan solo el 1%.

   El secretario regional de UPA-UCE, Ignacio Huertas, ha calificado de "inconsciencia" retirar esta subvención porque dejará a Extremadura en una situación de desventaja frente a otras regiones donde sí se concede como Valencia, Cataluña o Castilla La Mancha.

   En representación de Afruex, su vicepresidente, Pedro Mansilla, ha destacado la especial incidencia de esta decisión en el sector frutícola, ya que es el que "más puestos de trabajo genera en la actividad agroganadera de la comunidad"; y ha señalado que, a falta de pocos días, para que se cierre el plazo, el día 25, solo una "mínima parte" de los productores han asegurado sus producciones, en concreto, 31 cuando el pasado año se firmaron 1.300 pólizas.

   Mansilla ha alertado de que los productores van a bajar el capital asegurado para que el importe a abonar sea similar al del año pasado y, al igual que Huertas, ha advertido de la situación de "competencia desleal" en la comercialización, en su caso, con comunidades como Cataluña o Aragón.

   Los representantes de las organizaciones agrarias han precisado que, en una póliza de una explotación de entre 4 y 5 hectáreas que ronda los 10.000 euros, antes el agricultor pagaba unos 2.500 euros, mientras que este año deberá asumir el coste de 6.500 euros.

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