Las negociaciones de la última semana permitieron a los grupos pactar una posición aceptada por la mayoría de los grupos, incluido el Partido Popular Europeo, que inicialmente defendía una línea más cercana a la de los países y la Comisión Europea (CE), explicaron estas fuentes.
"Hemos logrado una posición fuerte para el Parlamento Europeo", aseguró satisfecha la liberal belga Frédérique Ries, ponente del informe sobre la legislación, durante la votación.
Frenazo a que las multinacionales tengan peso en esta discusión
Una de las cuestiones más delicadas es la llamada "fase uno" propuesta por la CE y respaldada por los Estados miembros, que ha sido modificada por el Comité de Medio Ambiente de la Eurocámara para evitar que las multinacionales tengan un gran peso en ella.
La CE había propuesto que los países que no quieran que se cultive un transgénico concreto en su territorio tendrían que dirigirse antes a las compañías que los producen -como Monsanto o Bayer- para pedirles que, cuando soliciten a Bruselas el permiso para producir y comercializar uno de estos productos, excluyan a su territorio de la misma.
Por su parte, los países mantuvieron esta posibilidad de diálogo, aunque pactaron que los que deseen prohibir el transgénico puedan hacerlo incluso si no han dado antes este paso, lo que en la práctica supone legalizar la situación actual.
Un gran número de Estados miembros, como Francia, Austria o Hungría, actualmente cuentan con medidas nacionales contra el cultivo de transgénicos que sin embargo están autorizados a nivel europeo, lo que crea ciertas dificultades legales.
Postura clara contra el vacío legal creado por los Estados que apoyaban los transgénicos
La Comisión presentó esta propuesta precisamente para solucionar ese vacío legal y regular los modos en que los países pueden prohibir los transgénicos, que es lo que ahora se negocia.
"Los parlamentarios han mejorado radicalmente el texto adoptado por los países, que había sido muy influenciado por la postura favorable a los transgénicos de Reino Unido", dijo el director de política agrícola de Greenpeace, Marco Contiero, en un comunicado.
La llamada "fase uno" ha sido muy criticada por las organizaciones medioambientales, que consideran que supone poner a los países y las multinacionales al mismo nivel y forzarlos a negociar puede aumentar el poder de las compañías sobre los gobiernos.
"El derecho de los países europeos de prohibir legalmente los cultivos modificados genéticamente ha dado un gran paso adelante, sin la interferencia de las grandes compañías con intereses sesgados", afirmó Mute Schimpf, the Friends of the Earth Europe, en un comunicado.
El criterio medioambiental también será motivo legal para prohibir su cultivo
El otro gran caballo de batalla de la propuesta son los criterios de justificación que pueden alegar los países para prohibir el cultivo del transgénico.
Los eurodiputados se pronunciaron a favor de que los países también puedan alegar criterios medioambientales para prohibir estos cultivos, como la preservación de la biodiversidad o la falta de pruebas sobre los posibles efectos negativos de estos cultivos sobre el medioambiente, en contra de la posición de los países y de la CE.
"El voto ofrecerá una mayor certidumbre, permitiendo las prohibiciones sobre la base de razones medioambientales, además de aquellas analizadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria", celebró el eurodiputado belga de los Verdes, Bart Staes.