El acuerdo de asociación con Centroamérica (que abarca a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) es el primero que la Unión concluye "de región a región" y está basado, además de en el libre comercio, en pilares de cooperación y diálogo político.
La UE espera que suponga la apertura de los mercados, contribuya a crear un entorno estable para las empresas y la inversión y potencie el desarrollo sostenible.
En el caso de Colombia y Perú, el TLC permitirá a ambas partes eliminar de forma gradual los aranceles sobre exportaciones e importaciones, así como liberalizar los mercados de servicios y contratación pública.
Los aspectos comerciales de los dos acuerdos entrarán en vigor una vez que el Consejo de la UE les dé su visto bueno formal, y que los parlamentos de los países latinoamericanos hagan lo propio (en el caso de Centroamérica, al menos dos de ellos, según fuentes comunitarias).
La situación de los derechos humanos en estos países, y en especial en Colombia, motivó críticas frontales a los acuerdos por parte de sectores de la sociedad civil, así como la fuerte oposición de los grupos de Los Verdes e Izquierda Unitaria Europea en el PE, que en sendos comunicados lamentaron que estos tratados privilegien a las multinacionales frente a los derechos humanos.
En un comunicado conjunto, diferentes redes de ONG como ALOP, Grupo Sur, Oidhaco, CIFCA o Friends of Earth señalaron que estos acuerdos "reproducen e incrementan un modelo exportador" de materias primas desde esos países hacia la UE, que "ha demostrado que beneficia a las empresas trasnacionales y no contribuye a un desarrollo inclusivo para los pueblos".
Además, desconfiaron de la eficacia de las cláusulas en materia de derechos humanos que incluyen los acuerdos -y que implican su suspensión en caso de violaciones de los derechos humanos, laborales o medioambientales-, y pusieron de relieve la violencia contra activistas o sindicalistas y la impunidad que sigue habiendo en países como Colombia o Guatemala.
En respuesta a una petición del PE, los Gobiernos de Colombia y Perú habían presentado sendas hojas de ruta para garantizar la protección de esos derechos.
El PE también aprobó hoy los mecanismos de salvaguarda en favor de la producción europea de banano, especialmente sensible para regiones ultraperiféricas europeas como las Islas Canarias, de manera que se prevé la suspensión de las importaciones de ese fruto si se ven perjudicadas.
Por su parte, las cámaras de comercio europeas, Eurochambres, consideraron en una nota que la ratificación de los acuerdos "es un signo muy positivo para las relaciones económicas entre la UE y Latinoamérica" en momento de dificultades para liberalizar los mercados.
Los principales productos que la UE importa desde Centroamérica son el banano, el café y la piña, y según datos de la Comisión Europea, el acuerdo podría aumentar a largo plazo los ingresos de los seis países centroamericanos desde un 0,5 % en el caso de Nicaragua hasta un 3,5 % en el de Costa Rica.
Además, las empresas exportadoras de la UE podrían ahorrar hasta 87 millones de euros anuales en el pago de aranceles.
En Colombia y Perú, los más beneficiados por las ventajas arancelarias serán los productores de fruta (sobre todo banano y uva) y langostinos, mientras que por parte de la UE, se espera que el acuerdo favorezca especialmente a los sectores de la maquinaria, los automóviles y la industria química.
Según las previsiones de la Comisión, el acuerdo con los dos países andinos incrementará un 0,7 % el PIB peruano y un 1,3 % el colombiano, en tanto que los exportadores europeos ahorrarán cerca de 270 millones de euros anuales en el pago de aranceles.