Lo único claro es que los trabajadores de Panrico han mostrado este sábado sus divergencias en torno al plan de ajuste para la compañía, que evitaría la presentación de un concurso de acreedores, y el nuevo preacuerdo alcanzado entre la dirección y los sindicatos, que mejora levemente las condiciones del ERE previsto.
El preacuerdo ha sido rechazado por los trabajadores de la fábrica en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), donde según el representante de CCOO en la planta vallesana, Félix Yela, ha calificado las mejoras de este segundo texto como "prácticamente inexistentes". En Santa Perpètua , la plantilla siempre se ha mostrado más reacia a refrendar cualquier preacuerdo que incluya despidos.
En cambio, el preacuerdo ha sido aprobado por los empleados de la planta en Puente Genil (Córdoba). El secretario de la sección sindical estatal de UGT de Panrico, Gregorio Gil, ha indicado que la votación ha contado con la participación de 192 operarios, de los que 181 han votado a favor, 10 en contra y un voto ha sido en blanco. Igualmente, en la factoría de Valladolid, sita en el Polígono de San Cristóbal de Valladolid, el convenio ha salido adelante. En esta votación han participado 170 de los 202 operarios de la planta, de los que 91 han votado a favor, otros 73 se han pronunciado en contra, mientras que ha habido seis votos en blanco, tal y como ha explicado el secretario del Comité de Empresa, Fernando Pérez San Román, quien, no obstante, ha reconocido que el preacuerdo es "malo porque impone una rebaja salarial muy dura".
Igualmente se ha sometido a votación el preacuerdo en las plantas de Zaragoza y de Paracuellos del Jarama (Madrid). Fuentes sindicales subrayaron que el preacuerdo debía aprobarse en todas las sedes de Panrico, porque esa fue la condición fijada por la dirección para no presentar concurso voluntario de acreedores y seguir adelante con un plan industrial que prevé inyectar un total de 15 millones de euros para garantizar la continuidad de la empresa.
A esto se le debe sumar, el paro indefinido de sus 1.800 repartidores autónomos —en protesta por el impago de las facturas de octubre—lo que ha dejado sin distribución a sus productos, como los Donuts, desde el jueves pasado. Una situación insostenible para una empresa que reconoce que tiene pérdidas diarias de 150.000 euros y que parece abocada al peor de los escenarios.