La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles 7 el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia agraria y de aguas para hacer frente a la prolongada situación de sequía  y al agravamiento de las condiciones del sector primario como consecuencia de la guerra en Ucrania, lo que supone una aportación de 2.190 millones de euros de los que 784 millones van destinados al sector agrario, de los que 636 millones de euros son ayudas directas para apoyar a agricultores y ganaderos a hacer frente a la difícil situación generada por la falta de lluvias.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado que el Gobierno de España mantiene un apoyo “firme y sin reservas” al conjunto del sector agroalimentario, para ayudarle a superar las actuales dificultades. Se trata, ha añadido, de un sector con una gran pujanza, no solo por ofrecer alimentos suficientes y de gran calidad, a precios razonables, sino también por alcanzar una cifra récord de exportaciones próxima a los 70.000 millones de euros en el último año móvil.

Además de estas ayudas, el ministro ha recordado que el Gobierno mantiene las gestiones con la Comisión Europea para desencadenar la reserva de crisis y contar con un apoyo presupuestario adicional, así como elevar la cuantía de los anticipos de las ayudas de la Política Agraria Común y lograr más flexibilidad a la hora de aplicar esta política comunitaria.

Durante el debate de convalidación, el ministro ha explicado que este real decreto-ley tiene como principales objetivos favorecer la pervivencia de un medio rural vivo frente al problema de la sequía, impulsar las infraestructuras hidráulicas, revitalizar el sector de los transportes y proteger a los trabajadores de las olas de calor. 

 TRES BLOQUES DE APOYOS A LOS SECTORES AGRARIOS

Planas ha detallado que, para conseguir una mayor eficacia, las medidas de apoyo a los sectores agrarios se han articulado en tres grandes bloques. Así, se ha aprobado un incremento extraordinario y excepcional de las subvenciones a los titulares del seguro agrario, por un importe estimado de 40,5 millones de euros. Por lo tanto, se incrementa la ayuda hasta llegar al 70 % del coste de las pólizas ya contratadas, incluida la ayuda autonómica, el máximo que permite la normativa europea.

Para garantizar la viabilidad de las explotaciones ganaderas dependientes de la disponibilidad de pastos y cultivos forrajeros, se han articulado ayudas por un valor estimado de 355 millones de euros, para los sectores ganaderos cárnico y lechero. Además, está prevista la concesión de ayudas directas, por una cuantía total de 276,7 millones de euros, para los sectores agrícolas más perjudicados por la situación de sequía. Y se prevé una subvención directa a las comunidades autónomas, de 5 millones de euros, para atender las necesidades de la apicultura.

De igual forma, el Gobierno busca reforzar la solvencia empresarial y el acceso al crédito, con una dotación de 23 millones de euros adicionales para fortalecer la línea de financiación ICO-MAPA-SAECA y subvencionar el coste de los correspondientes avales.

En un segundo bloque, el ministro se ha referido a las medidas de carácter fiscal de apoyo al sector primario, entre las que se incluyen tanto una exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las explotaciones afectadas, como del Impuesto de Sociedades en relación con las ayudas de los ecorregímenes de la nueva Política Agraria Común (PAC).

Y un tercer bloque destinado a flexibilizar determinados aspectos de aplicación de la PAC, como la ampliación del plazo para solicitar las ayudas hasta el 30 de junio de 2023 y con la reducción, en 2023 y 2024, de la frecuencia de remisión de información de los cuadernos digitales de explotación.

El ministro ha puesto en valor este paquete de medidas, que también contempla medidas socio-laborales, como, por ejemplo, el aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social o la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2023, de la medida excepcional de reducción a 10 del número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura.

 MEDIDAS HIDROLÓGICAS

Por otro lado, el ministro ha señalado que este Real Decreto-ley incluye también una serie de medidas hidrológicas de carácter estructural para hacer frente a la situación de sequía. En este punto, ha recordado que el Gobierno de España ha ido aumentando paulatinamente la dotación presupuestaria de las obras hidráulicas, que en el periodo 2023-2027 contarán con un presupuesto de 22.000 millones de euros, de los que 10.000 millones son de inversión directa del Estado.

El ministro ha puesto el acento en la necesidad de impulsar medidas estructurales coherentes, que tengan en cuenta la gestión de la demanda, la eficiencia del uso del recurso y la calidad del agua, para garantizar tanto el abastecimiento urbano como las necesidades de los sectores afectados.

De esta forma, ha detallado que el Real Decreto-ley prevé actuaciones en cuatro ámbitos: se modifica la ley de aguas, para dar mayor impulso a la reutilización; se articulan medidas de acompañamiento a los sectores afectados, en especial a los regantes (rebaja del canon); el impulso de la construcción de importantes infraestructuras; y la declaración de interés general del Estado de la actuación de mejora del abastecimiento de Matalascañas, para que estas obras sean acometidas por la Administración General del Estado.

El ministro ha apuntado que se van a destinar unos 1.400 millones de euros para financiar estas actuaciones, con las que se quiere no solo afrontar la situación de sequía, sino también aumentar la disponibilidad de agua en los territorios que más lo necesitan.

En relación con las medidas de transporte, el real decreto-ley busca apoyar a un sector que también se ha visto afectado por las consecuencias de la guerra en Ucrania. En particular, el Gobierno quiere incentivar, principalmente entre los más jóvenes, el uso del transporte público en sus desplazamientos por España y por el resto de Europa, durante la época estival de 2023.

De igual forma, la norma convalidada hoy incluye medidas para la protección a las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos adversos. Dichas medidas se sustentarán en una evaluación de riesgos laborales que tendrán en cuenta tanto las características de la tarea como las individuales de los trabajadores.