Pastor ha recordado que el campo alicantino es "deficitario en agua" y ha añadido que desde la provincia "no se quiere nada que no les sobre a los demás, ni quitar los derechos a nadie".
Ha puesto como ejemplo que, pese a las diferencias iniciales, se ha alcanzado un acuerdo en el Tajo-Segura mediante renuncias tanto por parte de Alicante como de Castilla-La Mancha, lo cual ha permitido que haya un agua "garantizada", y ha confiado en lograr lo mismo en el Júcar-Vinalopó.
La presidenta de la Diputación ha subrayado que la falta de calidad del agua del azud de La Marquesa para el consumo urbano provoca que los regantes no puedan, como únicos pagadores, asumir el coste del trasvase, sobre todo por el gasto energético que conlleva elevar el recurso desde el nivel del mar tierra adentro. Sin embargo, con agua para consumo el coste se repartiría y los regantes podrían abonar su parte del gasto.
No creen que la provincia se merezca un rechazo
"En el Plan Hidrológico se preveían más de 2.000 hectómetros cúbicos, con Isabel Tocino se rebajó a mil y pico y ahora pedimos 12. Creo que más generosos no podemos ser. Si no podemos llegar a un acuerdo, creo que esta provincia no se lo merece", ha apuntado antes de reflejar que hay 90.000 empleos ligados a las explotaciones agrarias que se "tambalean" por la falta de agua.
Asimismo, Pastor ha incidido en que si llega ese agua los recibos de los consumidores urbanos subirán (para pagar el coste de la transferencia) pero ha continuado que estos sabrán que el incremento sirve para que "se conserven los cultivos de la provincia".
La presidenta de la Diputación alicantina ha comentado que la última decisión en cuanto a la cuantía de la transferencia desde el Júcar la tiene el Ministerio, aunque éste desea pronunciarse previo consenso de los regantes del Júcar y del Vinalopó, que está pendiente.
Una vez que se aclare la situación, que se negocia en estas fechas, la presidenta ha avanzado que convocará la Mesa Provincial del Agua.
(Foto: Archivo)