El diputado de Agricultura, Eduardo Aginako, ha asegurado que la institución foral «ni retira, ni perdona ninguna multa a ningún cazador», pero ha reconocido que hay denuncias que caducan por «insuficiencia de medios».
El diputado ha comparecido este jueves 10 en comisión en las Juntas Generales de Álava para informar de las denuncias de caza interpuestas entre 2014 y 2016 por guardas forestales después de que uno de ellos haya acusado a la Diputación de sobreseer o rebajar de forma sistemática denuncias en este ámbito.
Este guarda ha presentado un escrito a la Fiscalía, en el que asegura que un número importante de las denuncias que pone en el monte tras descubrir a cazadores furtivos o sin permiso, así como a otros que llevan munición prohibida o perros peligrosos, son posteriormente sobreseídas, no iniciadas o rebajadas de grado cuando llegan a la Diputación.
Defiende que la mera formulación de una denuncia «no equivale» a una sanción porque esto iría «contra la presunción de inocencia»
Aginako ha negado que la institución foral tenga «manga ancha» en este tema. Ha explicado que cuando un guarda hace una denuncia automáticamente se abre un expediente administrativo por parte del cuerpo de instructores, que son quienes deciden si la conducta es merecedora o no de sanción.
Es decir, ha recalcado, la mera formulación de una denuncia «no equivale» a una sanción porque esto iría «contra la ley, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa». Por tanto, la conducta sospechosa debe ser demostrada «de manera fehaciente» y esto no siempre se consigue.
Entre 2014 y 2016 los guardas han presentado 120 denuncias. De ellas 29 han caducado por la «insuficiencia de medios y el exceso de trabajo», aunque el diputado ha valorado que la cifra se ha reducido de manera progresiva gracias al esfuerzo por «agilizar los trámites».
Así, de las 19 denuncias caducadas en 2014, se pasó a 8 en 2015 y a 2 el año pasado, aunque finalmente estos 2 últimos casos se han reabierto, con lo que los expedientes siguen adelante.
De esas 120 denuncias en los tres últimos años, han finalizado 81 expedientes y de ellos, más de la mitad (48), han sido sobreseídos, un número «importante», según ha reconocido Aginako.
Ha recalcado no obstante que la Diputación debe ser «rigurosa con el procedimiento» y «garantista» con los derechos ciudadanos por lo que para decantarse por una sanción «se deben probar los hechos».
El diputado ha explicado que las multas desestimadas lo han sido porque los instructores han entendido que no existía conducta sancionable, que los hechos no han quedado acreditados, que el autor no ha sido identificado o que la infracción había prescrito.
Cuando finalmente se decide imponer una sanción se tiene en cuenta la gravedad de la conducta, la reincidencia y la naturaleza del daños causado.
Aginako ha puesto en valor el trabajo de los instructores y de los guardas forestales, aunque a estos últimos les ha dicho que sus denuncias «deben ser un relato fiel de hechos», que no deben incluir «calificaciones jurídicas, prejuzgar o contener apreciaciones personales».
Ha advertido en este sentido de que una denuncia «deficiente frustra sin lugar a dudas el expediente sancionador, como ocurre por desgracia en la mayoría de los casos no iniciados o sobreseídos».