El silencio administrativo de la Junta de Castilla y León ante la reclamación de daños de una ganadera de la Comunidad que había sufrido ataques de lobo sobre su cabaña ha derivado en que la Administración autonómica tendrá que abonar a esta mujer finalmente casi 46.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anula la actuación administrativa de la Junta, a la que condena igualmente a asumir los costes del procedimiento judicial, para el que ahora existe la posibilidad de recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo o ante la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El TSJCyL ha estimado íntegramente la demanda presentada por la ganadera, propietaria de una explotación de 146 vacas reproductoras de la raza avileña negra ibérica, después de que su reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Junta fuera desestimado por silencio administrativo.
LA SENTENCIA RECONOCE EL LUCRO CESANTE PROVOCADO POR LOS ATAQUES
La mujer exigía a la Administración autonómica el pago de 43.070 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios ocasionados por cinco ataques de lobo que había sufrido su explotación entre el 23 de abril y el 8 de agosto de 2020, pese a contar con medidas preventivas y de protección.
Los daños ocasionados se concretan en cinco animales de menos de siete meses muertos y la pérdida de fecundidad (lucro cesante) de la cabaña ganadera por el estrés continuado ante los ataques constantes de los lobos, lo que estimaba en siete terneros perdidos en un año.
A ello se suma en su reclamación los costes asociados a los ataques, alimentación suplementaria y otras medidas de protección, todo ello amparado por un informe de valoración que presentó la afectada, quien insistía en su demanda en que el daño ocasionado por una especie protegida no debía de ser soportado individualmente, pues las ayudas de la Junta son «insuficientes».
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL ha estimado íntegramente el recurso de la ganadera y reconoce su derecho a ser indemnizada, al mismo tiempo que calcula en 45.889,70 la indemnización a percibir y apunta que la ayuda entregada por la junta, unos 2.500 euros, no fue suficiente.
Lo que debería ser normal y justo, es noticia. La desgracia es que hay que llegar a los tribunales, para que se pueda luchar contra el abuso que es el «silencio administrativo», que consiste en que, cuando algo no les interesa, con no contestarte ya les vale. Un ciudadano corriente que tenga una denuncia de cualquier tipo, sino contesta y se defiende, no tiene solución. Y la mejor noticia es la «condena del lucro cesante». La protección total del lobo es impuesta por el Estado, pues a cargar con los daños, no como siempre los ganaderos. Que cunda el ejemplo y la jurisprudencia para el futuro.