El secretario general de UPA CLM, Julián Morcillo ha recordado que la Confederación Hidrográfica del Guadiana, (en su reunión de 21 de mayo de 2013), acordó iniciar el proceso para las declaraciones de las masas de agua subterránea de Consuegra-Villacañas, Lillo-Quintanar, Mancha Occidental II, Rus Valdelobos, Campo de Montiel y Sierra de Altomira, ‘en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado cuantitativo y químico’. Lo que, tras su publicación el pasado 13 de junio en el BOE 143, se puede considerar como declaración de sobreexplotación.
“Es decir, que se completa así todo el proceso de declaración de sobreexplotación en el Alto Guadiana, puesto que ya se había iniciado el de la masa de agua Mancha Occidental I.
Una solución que "no resuelve los problemas hídricos de la zona"
Julián Morcillo ha insistido en que “ya en su día denunciamos que estas medidas no resolvían los problemas hídricos de la zona, no atendía las necesidades de los regantes legales, no tenía en cuenta el estado real de los acuíferos y además limitaba las concesiones de agua de nuestros regantes y las posibilidades de desarrollo de nuestra región”.
Para esta organización agraria, lo "que realmente va a pasar en el Alto Guadiana es que se van a reducir drásticamente las dotaciones de las concesiones de los actuales regantes y, lo que es peor, no se otorgará ninguna nueva concesión para regadío".
En definitiva, una nueva limitación en las posibilidades del riego de los agricultores de Castilla-La Mancha y por ende una condena a cultivos de secano ruinosos en el futuro de esta región. “Este proceso pone en evidencia una vez más el desastre y lo injusto que el actual proceso de planificación está siendo con esta tierra, sin lugar a dudas la más sacrificada de todo el territorio nacional”, ha añadido Julián Morcillo.
El secretario general ha aclarado que “las declaraciones de sobreexplotación significan no atender 563,85 hm3 de derechos reconocidos de agua de nuestros agricultores y la amenaza de que con los planes de actuación aún lo puedan recortar más. Un recorte de dotaciones que afectan a una superficie de 1.358.749 hectáreas en el Alto Guadiana. Que además de la limitación impide de por vida las nuevas concesiones para riego, incluso, las que por ley corresponderían con arreglo al artículo 54.2 de la Ley de Aguas”.
Pero la propuesta que hace la junta de gobierno de la CHG “suspende el derecho establecido en el artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas para la apertura de nuevas captaciones, los conocidos pozos de hasta 7.000 m3, que todo ciudadano tiene derecho”. Esta suspensión es muy importante para los agricultores y para todos los ciudadanos que se verán afectados negativamente por pertenecer a esta demarcación de masas de agua subterráneas.
El proceso de planificación hidrológico "nos parece una gran mentira"
“Mientras seguimos creando más problemas a los agricultores de nuestra región vemos como a la vez se van solucionando los problemas de otras regiones como Murcia o Valencia, con agua de Castilla-La Mancha y sin ningún tipo de limitación”.
El proceso de planificación nos parece “una gran mentira”, donde por delante de datos técnicos y un reparto justo del agua, se está atendiendo a intereses políticos. Nos limitan a nosotros, y vemos como se aprueban trasvases a Murcia 114 Hm3, hace unos días”, ha lamentado Julián Morcillo.
Con la declaración de Sobreexplotación de estos acuíferos" se niega la posibilidad de generar riqueza en el futuro de la región y de seguir creando empleo. Por eso ha concluido, “hoy más que nunca sigo vivo el lema de nuestra campaña: ‘Agua de donde sobra a donde falta, ¿y la nuestra dónde está?’", señalan desde UPA
Si sale adelante, irán a los Tribunales
Por su parte, la secretaria general de UPA Toledo, Elisa Fernández ha asegurado “entendemos que se autorizarán las solicitudes presentadas hasta ahora, esos 8.500 expedientes que dice nuestra Presidenta que se van a regularizar en el futuro, y se vende como un éxito. Pero no se van a regularizar, se les va a dar un derecho que por ley le corresponde, y que por la incompetencia de la CHG llevan algunos sin resolverse, desde el 2008”.
“Pero lo realmente alarmante es que lo que ahora pretende la Administración, si esto entra en vigor, que es acabar con este derecho legal. La CHG pretende que bajo ningún concepto y bajo ninguna excepción se autorice para ningún uso. Algo que no ocurre en ningún lugar de España”, ha matizado Elisa Fernández.
Por último han insistido en que la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (dependiente del Ministerio de Agricultura) se estaría extralimitando en sus competencias “al suspender un derecho que por ley le corresponde a todos los ciudadanos”.
“Estaría contradiciendo una norma de rango superior, como es la Ley de Aguas del 85”. Y añaden que desde la organización adoptarán las medidas legales necesarias porque incluso consideran puede ser inconstitucional.