Jaime Cid ha situado el problema de los agricultores en varias vertientes distintas. “Se trata en primer lugar de un problema social” – ha manifestado- “Este es un regadío que se les prometió a nuestros abuelos y 30 años más tarde, sin cumplir lo prometido, nos llega a los nietos en forma de conflictos y tasas imposibles de pagar”.
Los retrasos provocan que ahora deban pagar cuatro veces más por las obras
Ello constituye la parte económica del problema, que es sustancial. De hecho, debido al coste a repercutir a los agricultores por la realización y mantenimiento de unas infraestructuras obsoletas y sobredimensionadas para la superficie que hoy se podría regar, unido a los costes energéticos y otros costes técnicos sitúa en “1.200 euros por hectárea y año, lo que tendríamos que pagar hoy los agricultores para regar; lo que multiplica por 4 las 45.000 pesetas que en su momento se dijo que tendríamos que abonar” ha aclarado el Presidente de la Comunidad de Regantes.
“Hay también un problema técnico para que este regadío sea viable” ha añadido Jaime Cid, especificando que del proyecto de hacer un regadío de interés nacional de 28.500 hectáreas útiles –que tenían que haber estado en funcionamiento en 1998- sólo se han ejecutado hasta la fecha 3.854 hectáreas “y en unas condiciones deplorables”.
En la actualidad, las infraestructuras del Sector 1 están obsoletas, la zona de Olías no cuenta con la obra necesaria para que el agua llegue y el Sector tres tiene los drenajes sin acabar, lo que supone un riesgo importante de inundaciones y de salinización de las tierras. “Lo que nos preguntamos es dónde han ido a parar los fondos de la Unión Europea que estaban anunciados en los carteles para transformar esta zona en regadío”.
Jaime Cid ha recordado además que la Comunidad de Regantes ha recurrido los pagos reclamados por la Administración hidráulica de los años 2010 a 2013 y que recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a los agricultores y la Confederación del Tajo se ve obligada de devolver las liquidaciones cobradas en 2010 “con un coste mayor, debido a los intereses ligados a la devolución, de lo que supondría negociar una salida con los afectados.”.
Si nada cambia, se darán "las peores condiciones"
Por su parte, José Modesto Lorenzo, ViceSecretario General de Unión de Uniones ha puesto sobre la mesa que, si nada cambia, se dan las peores condiciones para el regadío de La Sagra-Torrijos. “Por un lado –ha explicado- no se ha instalado la red de industrias agroalimentarias prevista inicialmente y hoy la agricultura de regadío no tiene salida comercial en la zona; las explotaciones no cuentan con garantías como para poder realizar y amortizar las inversiones en equipamiento y maquinaria que serían necesarias; la crisis actual ha dejado en dique seco las ayudas públicas anunciadas para realizar dichas inversiones y, por último, la zona declarada regable coincide en buena parte del territorio con la ZEPA de la margen derecha del Río Guadarrama, de interés por las aves esteparias que alberga y cuyo mantenimiento es incompatible con la transformación a regadío porque su hábitat está ligado a la agricultura tradicional de secano”.
Los agricultores demandarán en la manifestación del próximo día 29, al igual que en las dos anteriores ya celebradas los días 7 y 14 de marzo, poder sentarse a negociar con las Administraciones implicadas, que tienen la parte de responsabilidad más importante en la generación del problema, un plan de viabilidad para que “los agricultores que puedan y quieran regar lo hagan en condiciones de rentabilidad económica; porque si no es así, la situación es tan desesperada, que muchos preferiríamos hasta que se aplicara la legislación del Plan General de Transformación y que se nos expropiaran las tierras”.
José Manuel de las Heras, Coordinador Estatal de Unión de Uniones ha puesto el acento sobre la contundencia de los argumentos de los agricultores de La Sagra – Torrijos “que cuentan desde luego, con el apoyo de nuestra organización en sus reivindicaciones y en la búsqueda de soluciones”. De las Heras, que ha reconocido las múltiples vertientes que tiene la gestión del agua, ha señalado que la Administración no puede ser insensible a esta situación ni dar la espalda a la petición de los agricultores “que esgrimen justas razones y que lo que piden es poder concertar una salida”.