La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLGA) exige al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que se pronuncie de una vez por todas con contundencia sobre si su gobierno tiene o no la voluntad política de ejecutar el Proyecto de Regadío de Tierra de Barros, ya que desde sus inicios está lleno de titubeos, incertidumbres, confusión y falta de presupuesto, y si está dispuesto a pagar un previo justo en las expropiaciones.
Los agricultores, muchos de los cuales integrantes de la Comunidad de Regantes Tierra de Barros, exigen también al titular del Gobierno extremeño que se pague un precio justo por las tierras afectadas, ya que es la Administración la que tiene que costear estas expropiaciones como establece la Ley, y si para eso hace falta que se incremente la partida de 8M € asignada a esta finalidad, que se incremente, matizan.
La CLGA, reunida en asamblea esta semana, calificó de ‘intolerable’ el precio de 1,15 € por metro cuadrado que se quiere pagar a los afectados en tierras que se encuentran en plena producción, cuyo valor real se duplica y triplica en la mayor parte de los casos, al tratarse de explotaciones que se encuentran en tierras de alto valor productivo, y buena parte de ellas reestructuradas con espalderas y sistemas de regadío, de las que se obtienen importantes cosechas de uva o aceituna.
EL PRECIO QUE QUIEREN PAGAR ES TOTALMENTE ERRÓNEO PORQUE SE BASA EN UNAS VARIABLES QUE NO SIRVEN
La Comunidad de Labradores expuso la necesidad de que la Administración autonómica incremente la partida destinada a las expropiaciones para pagar el precio real que corresponde por esas fincas, si es que realmente quiere ejecutar el Proyecto de Regadío de Tierra de Barros, porque de lo contrario –subraya– quedará en evidencia que una vez más estamos ante una maniobra de distracción política, en lugar de estar al comienzo de un proyecto de gran alcance para el futuro de esta Comarca. 
Los agricultores aseguran que el precio que quieren pagar «es totalmente erróneo, ya que para establecerlo han tomado unas variables que no sirven (cultivo, calidad de la tierra y localización)», y explican que «con ese precio ni se paga el valor de las explotaciones ni los daños que se ocasionan, ya que hay que tener presente que en las expropiaciones temporales de servidumbres en las que se vean afectadas estructuras de cultivos eso supondrá un importante trabajo añadido para el agricultor».
Cuando se procede a una expropiación forzosa como esta –agregaron– es la Administración la que tiene que correr con los gastos, y no los afectados acudiendo a gabinetes técnicos y jurídicos para presentar sus alegaciones y recursos, como ocurre en este caso, por una falta de diálogo de la que alardea el secretario general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías, al reiterar que la Administración no negocia, en sendas reuniones mantenidas con los afectados en las que no se llegó a absolutamente nada.
La CLGA concluye que esa «actitud prepotente y chulesca de Mejías Tapia no es propia de un responsable político en un proyecto como este, y menos aún si tenemos en cuenta que se trata de un ingeniero agrónomo, que debería conocer los precios reales de las tierras a expropiar».