La compensación media recibida por los ganaderos que reclamaron a la Junta de Castilla y León daños por ataques de lobo en los últimos siete años ha sido de 581 euros, con algo más de 7 millones de euros destinados a este fin en su conjunto y más de 12.000 beneficiarios.
Así figura en los datos consultados por EFE y aportados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en una respuesta parlamentaria, donde detalla que en el último ejercicio con datos cerrados (2021) los beneficiarios fueron 1.875 por importe de 1,1 millones de euros, aunque en ese caso el recuento se cerró el 22 de septiembre, momento en el que rige el cambio normativo que impide la caza del lobo tras ser incluido por el Gobierno en la Lespre -Lista de Especies con Especial Protección-.
Los registros oficiales de Castilla y León cuantifican en 15.874 los ataques de lobo, entre ellos los 2.714 de 2021, el más elevado de los reflejados en la estadística de la Consejería, que detalla que la mitad de esos ataques se localizan en la provincia de Ávila (1.345 en el último año contabilizado).
Esta circunstancia está relacionada con la diferenciación que existía hasta septiembre del 2021, por la cual el lobo era una especie protegida de la caza al sur del Duero -normativa comunitaria-, mientras que en el territorio al norte del río sí había cupos de caza autorizados para control poblacional.
Además de Ávila, las provincias con más ataques acumulados en 2021 son Segovia (555), Zamora (296), León (210), Salamanca (139) y Palencia (117), mientras que otras como Burgos (34), Soria (16) y Valladolid (2) presentan registros inferiores.
EL 80% DE LOS SOLICITANTES, COMPENSADOS
La mayor parte de los solicitantes de estos pagos, el 80 por ciento, ha recibido esta compensación por los daños del lobo sobre sus rebaños o cabañas, aunque los datos de los últimos años reflejan un descenso, ya que entre 2017 y 2019 el porcentaje de beneficiarios sobre solicitantes rondaba el 90 por ciento y en 2021 ese indicador bajó al 71,1 por ciento.
En estos siete años a los que se refiere la estadística aportada por la Consejería fueron en total 14.870 las solicitudes de ayuda o de pago de compensación por daños presentadas por ganaderos de Castilla y León, frente a los 15.874 ataques contabilizados.
Los registros indican que, en términos absolutos, fueron desestimadas 2.826, lo que equivale a una de cada cinco solicitudes (20%), aunque en el 2021 el diferencial entre solicitantes y beneficiarios fue de 760, lo que dejó sin ayudas a casi el 30 por ciento de los demandantes de ayuda.
EL NUEVO CENSO DEL LOBO, A PUNTO
A la espera del nuevo censo del lobo en Castilla y León, que ultima la Consejería de Medio Ambiente y que apunta a un «aumento sustancial» de las manadas en este territorio, según ha adelantado el titular de este departamento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la documentación aportada por la Junta habla de 179 manadas -152 al norte del Duero y 27 al sur-, aunque esos datos corresponden al último censo elaborado (2012-2013).
Precisamente para controlar la población de estos animales, la Junta de Castilla y León ha ido aprobando hasta su prohibición en septiembre de 2021 una serie de cupos para abatir lobos en los territorios al norte del Duero, que era donde lo permitía la normativa europea y estatal.
En la respuesta parlamentaria de la Consejería de Medio Ambiente, durante el periodo 2015-2021 fueron autorizados cupos de caza para abatir entre 113 y 143 lobos cada temporada, hasta casi sumar unos 800 animales potencialmente cazables, aunque en la práctica las capturas no alcanzaron nunca el máximo establecido.
En concreto, en el último año analizado (2020-2021) el cupo de animales que podrían haberse cazado fue de 113 y finalmente se registraron 59 lobos abatidos, casi lo mismo que en el año anterior, con 113 autorizadas y 61 cazados, mientras que un año antes no se registraron porque una sentencia judicial impidió la caza de lobos en esta Comunidad.