De manera general, los Ministerios pasan a asumir todas aquellas tareas de índole administrativa que venían ejerciendo los organismos reguladores que ahora desaparecen.
Ello permitirá a la nueva Comisión concentrar su actuación en velar por un funcionamiento correcto de los mercados y la libre concurrencia.
Para garantizar la independencia de las decisiones de la Comisión se prevé que las resoluciones que adopte su Consejo, tanto en pleno como en salas, pongan fin a la vía administrativa, "siendo impugnables únicamente ante la jurisdicción contencioso-administrativo".
El control parlamentario de la comisión se efectuará a través de las comparecencias de su presidente ante el Congreso de los Diputados y como mínimo tendrán una periodicidad anual.