Reveses en la negociación de los PDR 2014-2020
En estas últimas semanas la Comisión Europea ha devuelto sus observaciones a los 19 PDRs del Marco Nacional. No se han trasladado a los medios los detalles de este informe, ya que el documento se mantiene en los estrictos círculos del poder FEADER. Pero sí se ha filtrado que las valoraciones han sido en general malas: son PDR muy conservadores, demasiado iguales a los que ya han regido el periodo 2007-2013, han tenido poco en cuenta las nuevas exigencias de eficiencia energética, economía baja en carbono, o lucha contra el riesgo de exclusión social, entre otras. La prioridad 6 del FEADER señala: Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales. Es probable que el Ministerio contra-argumente con el principio de autonomía nacional.
Esta dimensión estrictamente social y que se refiere al primero y principal de los objetivos que formulaba el position paper con que la Comisión Europea instaba a España a abordar el reto y adoptar medidas concretas para el colectivo en riesgo de exclusión, dentro del ámbito de propiamente rural, entendemos que esta sobre todo integrado por los/as asalariados/as agrícolas, especialmente los trabajadores y trabajadoras eventuales de campañas, que suponen un colectivo de 800.000 personas con una media de menos de 40 días de trabajo al año, y un número importante de los mismos sin acceso a ningún tipo de subsidio. La propuesta de FEAGRA-CCOO al respecto es incentivar la contratación con la modalidad de fijo discontinuo, que ofrezca garantías de llamada y profesionalización, y trabajar medidas especificas de orientación a un autoempleo complementario con la actividad estacional de campañas agrícolas.
Otro de los aspectos más criticables del proceso, y especialmente en algunas de las Comunidades Autónomas, es la falta de consulta y diagnóstico con los agentes económicos y sociales. En la perceptiva ronda de consultas con las Comunidades Autónomas nuestro sindicato ha participado de modo débil, y muy desigual, entendemos que por debajo de lo que exige el código de buenas prácticas y el marco Estratégico Común 2014-2020.
El código de conducta, que adopta la forma de un Reglamento de la Comisión jurídicamente vinculante, establece objetivos y criterios para garantizar que los Estados miembros apliquen el principio de asociación. Esto significa que los Estados miembros están obligados a:
• Garantizar la transparencia en la selección de quienes representen a las autoridades regionales, locales y otras autoridades públicas, a los interlocutores sociales y económicos y a los organismos de la sociedad civil como miembros de pleno derecho en los comités de seguimiento de los programas;
• Presentar interlocutores que dispongan de la información adecuada y de tiempo suficiente (requisito previo para un verdadero proceso de consulta);
• Garantizar que sus interlocutores se impliquen eficazmente en todas las fases del proceso, desde la preparación hasta la aplicación, incluyendo la supervisión y la evaluación, de todos los programas;
• Apoyar el refuerzo de las capacidades de los interlocutores para mejorar sus competencias y capacidades con miras a su participación activa en el proceso, y crear plataformas para el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas y de enfoques innovadores.
El Reglamento establece los principios que deben aplicar los Estados miembros, pero les deja un amplio margen de maniobra para que organicen de manera precisa las modalidades prácticas de participación de los interlocutores correspondientes en las distintas etapas de la programación.
Este déficit de dialogo y participación real de los sindicatos (representantes legales de los trabajadores y trabajadoras asalariados/as) es ya secular en el sector agroalimentario. Para intentar enmascarar esta mala práctica, es habitual que en muchas CCAA se remita un cuestionario que permita justificar ante la Comisión que hay consulta con los agentes económicos y sociales, y con ello se cubre la exigencia Europea de que se participe en la evaluación y propuestas para el diseño de los Planes de Desarrollo Rural.
Desde FEAGRA-CCOO seguiremos trabajando e impulsando una participación real y activa de los sindicatos más representativos del sistema agroalimentario en el desarrollo e implementación de los programas de desarrollo rural, apostando prioritariamente por la creación y mantenimiento del empleo en calidad y cantidad.
José gallo Cuesta, secretario de Comunicación, Formación, Proyectos y Medio Ambiente y Rural de Feagra-CCOO