El anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro, entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, de una reducción de las dotaciones de riego a las comunidades entre un 12% y un 15%, lo que supondrá una disminución directa en los rendimientos agrícolas, ha provocado el enfado de la organización agraria AEGA, que ha exigido «una postura clara por parte del Gobierno de Aragón que impida otro atropello más al campo aragonés. No se puede seguir castigando al sector agrario por cuestiones más ideológicas que técnicas. La sostenibilidad no puede construirse a costa de la ruina del mundo rural», aseguran.
El anuncio llegó en la reunión que mantuvo el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, con el presidente de la CHE, Javier Berdejo, y la junta directiva de la Federación de Regantes del Ebro (Ferebro) el pasado 21 de mayo. Para AEGA, «todas las inversiones millonarias destinadas a la modernización del regadío, subvencionadas por el propio Miteco, el Gobierno de Aragón y la Unión Europea, quedan así relegadas a un mero postureo. En lugar de apostar por una mejora de los rendimientos de las explotaciones, se prioriza una reducción del consumo sin ofrecer alternativas ni garantías».
Asimismo, recuerdan que las infraestructuras clave para el regadío de la cuenca del Ebro acumulan décadas de retrasos: Yesa lleva más de 20 años de demora y aún falta por ejecutar un 20% de la obra; Mularroya sigue sin poder llenarse; y Almudévar presenta problemas en la red eléctrica.
Ante este panorama de una reducción de las dotaciones de riego y sin ninguna otra obra a la vista que aumente la capacidad de embalse en la cuenca, si no se revierte esta política de restricciones, los regantes se verán en las próximas campañas sorprendidos por una drástica reducción en el volumen de riego disponible y todo esto sucede después de haber realizado enormes inversiones privadas que, en muchos casos, serán difíciles o imposibles de amortizar a medio plazo, tanto de forma individual como colectiva.
Desde AEGA exigen «una postura clara por parte del Gobierno de Aragón que impida otro atropello más al campo aragonés. No se puede seguir castigando al sector agrario por cuestiones más ideológicas que técnicas. La sostenibilidad no puede construirse a costa de la ruina del mundo rural».