La Comisión Europea (CE) ha reconocido este martes 11 que España no ha comunicado a sus socios de la Unión Europea (UE) que el nuevo caso descubierto de fraude de carne de caballo y que puede haber afectado a varios Estados miembros suponga un riesgo grave para la salud, y recordó que la investigación sigue abierta.
«Por ahora, las autoridades españolas no han informado de ningún riesgo serio para la salud pública a través del sistema de alerta temprana europeo sobre alimentos y piensos relacionado con la carne de caballo», indicó a Efe el portavoz comunitario Enrico Brivio.
No obstante, «los resultados de la investigación ofrecerán la oportunidad de comprobar si ha habido problemas relacionados con la salud», agregó.
Un fraude alimentario en España, Francia, Italia, Bélgica y Portugal, en el que «actuaron de forma coordinada»
La denominada operación «Gazel» ha investigado una red ilegal de venta de carne de equino y se ha saldado con más de una veintena de detenidos en España, algunos de los cuales han ingresado en prisión y están imputados por delitos contra la salud pública, blanqueo, falsedad y pertenencia a organización criminal.
La Comisión reconoció el trabajo de la Justicia española, Europol y los «puntos de contacto» de la UE sobre fraudes alimentarios en España, Francia, Italia, Bélgica y Portugal, que «actuaron de forma coordinada y pusieron fin a un nuevo esquema de falsificación de pasaportes de caballo».
Según dijo el portavoz, estos puntos de contacto identificados por los Estados miembros a petición de la Comisión, que son «consecuencia directa» del escándalo de la carne de caballo de 2013, «han demostrado ser eficaces».
«Este caso nos recuerda que la lucha contra fraudes alimentarios sigue siendo una prioridad de la UE y muestra que las normas comunitarias sobre pasaportes de caballos, cuando son aplicadas adecuadamente por los Estados miembros, permiten identificar esos fraudes», señaló Brivio.
El portavoz recordó que, «por el momento, los detalles de este fraude de carne de caballo siguen en manos de las autoridades españolas mientras la investigación criminal tiene lugar».