La Unión Europea (UE) ha comenzado ya a aplicar aranceles por valor de 2.800 millones de euros a una lista de productos estadounidenses en respuesta a la decisión del Gobierno de ese país de gravar las importaciones de aluminio y acero europeas. Sin embargo, por los aranceles a la aceituna negra española, la CE sigue esperando a que decida la OCM.
La lista de importaciones afectadas fue notificada a la Organización Mundial del Comercio (OMC) el pasado 18 de mayo e incluye productos estadounidenses como el maíz dulce, el zumo de naranja o los arándanos.
«No queríamos estar en esta posición. Sin embargo, la decisión unilateral e injustificada de Estados Unidos de imponer aranceles en el acero y aluminio europeos significa que no tenemos otra opción», ha anunciado la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, en un comunicado.
Las medidas europeas no llegan ni a la mitad de las que ya ha impuesto EEUU
Los comisarios europeos dieron el visto bueno a la lista el pasado 6 de junio y los Estados miembros han expresado su «apoyo unánime» a esta reacción, explicó el Ejecutivo comunitario.
Las medidas impuestas están dirigidas a importaciones por valor de 2.800 millones de euros, el máximo que la UE puede imponer en este momento pese a que el total de acero y aluminio europeos afectado por los gravámenes estadounidenses alcanza los 6.400 millones de euros.
Los 3.600 millones de euros restantes podrán «reequilibrarse» en un futuro, tras una decisión favorable en la disputa planteada frente a la OMC o cuando pasen tres años desde la imposición primera de los aranceles por parte de EEUU.
Todos los productos incluidos en la lista estarán sujetos a aranceles adicionales del 25% salvo las barajas de cartas, que tendrán un 10%, mientras que a la segunda relación de productos se le aplicarán gravámenes de entre el 10% y el 50%, dependiendo del producto.
Las medidas de reequilibrio son una de las vías de acción con las que Bruselas tomará represalias frente a los aranceles estadounidenses al acero (25%) y al aluminio (10%), después de denunciar el caso ante la OMC el pasado 1 de junio.