Según la Comisión, "varios vertederos continuaron operando en España después de que se aplicara la directiva en 2009 e incumpliendo esta normativa", aunque el Ejecutivo comunitario no precisó las instalaciones concretas que vulneran el reglamento.
Bruselas envió una carta de emplazamiento al Gobierno español solicitando más detalles sobre la situación de los vertederos, y tras la respuesta recibida, considera que "pese a ciertos progresos, algunos de estos vertederos todavía no han sido cerrados o siguen incumpliendo la directiva".
España cuenta con un plazo de dos meses para cumplir con los requerimientos de la Comisión, y en caso de no hacerlo podría ser sancionada por el Tribunal de Justicia de la UE.
La normativa europea define procedimientos de tratado los residuos antes de su vertido y establece varias categorías específicas de vertederos en función de la peligrosidad de los deshechos, entre otras medidas destinadas a minimizar los riesgos para el medio ambiente y la salud pública.