Dentro de la multirtud de informaciones sobre estas negoiaciones, la nota de la organización andaluza señala que también parece que se consolida la reducción del número de hectáreas con derecho a ayuda, que se reduce en 15,5 millones de hectáreas, al abandonar la Comisión Europea el criterio maximalista de contemplar los 38 millones de hectáreas de toda la superficie agraria española para dejar la superficie admisible en 22,5 millones de hectáreas.
La combinación de estas dos medidas evita la dilución de las ayudas y el impacto tan negativo que tenía la propuesta inicial sobre el territorio y sobre los sistemas productivos, muy especialmente sobre aquellos sobre los que se sustenta la actividad agraria y que son los que generan más empleo, más movimiento económico y mayor dinamismo en el mundo rural.
La zonificación de estas comarcas productivas articuladas en base a la citada combinación de criterios permitirá superar en gran medida la temida convergencia interna y la pretensión inicial del Comisario de Agricultura de establecer una “tasa plana” igual para todos los agricultores con independencia de su comarca o su sistema productivo. No obstante, la convergencia interna se suavizaría aún en un grado mayor si se imponen las tesis del Parlamento Europeo, proclive a una convergencia parcial.
Rechazo al pago del greening
Respecto al “greening” o pago verde, otro de los grandes asuntos aún en discusión, desde ASAJA-Sevilla mantenemos nuestro más absoluto rechazo al establecimiento de este pago que no aporta nada a la actividad agraria. Se trata de una medida que supone mayores cargas para el agricultor y una pérdida de competitividad frente a los productores de terceros países, que no tienen que cumplir con este tipo de condicionantes, muchos de ellos absurdos.
En cualquier caso, ASAJA-Sevilla mantiene que se establezca el cálculo individual del pago verde, tal y como proponía el Consejo, para evitar también el efecto “tasa plana” en este tipo de ayuda. Asimismo ASAJA-Sevilla defiende la flexibilidad y el sentido común en la aplicación de esta medida a los distintos sectores si finalmente se aprueba.
En relación a la definición de agricultor activo, ASAJA-Sevilla se reafirma en la defensa a ultranza de la actividad agraria, por lo que deben excluirse del cobro de la PAC aquellas tierras sin actividad agrícola o ganadera.
Asimismo, ASAJA-Sevilla defiende la prórroga del régimen del azúcar y el mantenimiento de las cuotas lácteas. Y en lo que respecta a las ayudas acopladas, ASAJA-Sevilla defiende que la reforma permita establecer a cada estado miembro un nivel de pagos acoplados adecuado para compensar a los sectores con necesidades especiales y muy especialmente a la ganadería, la gran olvidada de esta reforma.
Finalmente, el punto más negativo de la reforma está en todos los aspectos relacionados con el mercado, aquellos a los que el Comisario Ciolos aludió para justificar su reforma en el preámbulo de la Comunicación de su propuesta inicial y que sin embargo, por la oposición del resto de comisarios y de los grandes “lobbys” de la distribución agroalimentaria no han logrado encauzarse. La actualización de los precios de referencia, el reforzamiento de los mecanismos de intervención públicos y privados y la extensión de estos mecanismos a otros sectores con graves dificultades de mercado están aún hoy en el alero.
La necesaria reactualización de los mercados
ASAJA-Sevilla recuerda que esta es la gran reforma pendiente: la reactualización de los mecanismos de mercado y el fortalecimiento del papel del agricultor frente a los intermediarios y a la gran distribución, con la introducción en la normativa sobre competencia de las excepciones necesarias para tener en cuenta las especificidades del sector agrario.
Es oportuno recordar que La actividad agraria constituye el principal aprovechamiento del territorio en Andalucía, con 6,1 millones de hectáreas de superficie útil que suponen el 69,2% del territorio regional. Este porcentaje es sensiblemente superior al del conjunto de España (49,2%) y al de la Unión Europea (39,2%).
Con 10.000 millones de euros anuales, la Producción Final Agraria andaluza supera a la de 18 estados miembros de la Unión Europea y representa el 25% del total español. El sector agrario y agroalimentario supone el 8% del Producto Interior Bruto andaluz.
La PAC aporta anualmente a 280.000 agricultores y ganaderos andaluces casi 2.000 millones de euros (1.550 millones en ayudas directas, 300 en medidas de desarrollo rural y 100 millones de euros en medias de mercado), estas ayudas supone de media el 40% de los ingresos de los agricultores.