En este sentido, el Comisario insta al Ministro a “un esfuerzo adicional en el seguimiento de esos programas y sus condiciones de implementación” para evitar la posible pérdidas de fondos comunitarios.
El año pasado, según señalan ambas organizaciones agrarias en un comunicado, España ya perdió 67 millones de euros de la anualidad 2010 por haber dejado pasar más de dos años sin utilizarlos en aplicación de la norma conocida como “regla n+2”.
Por eso consideran que “es una cuestión muy grave, que en el caso del sector agrario puede afectar al pago de las ayudas aprobadas en 2011 para la incorporación de jóvenes, medidas agroambientales o modernización de explotaciones”, ha apuntado los máximos responsables de UPA y COAG.