Blanco también ha pedido al Ministerio que no dé por perdida la supresión de las cuotas en la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y que se comience a controlar y aplicar las sanciones previstas en el paquete lácteo para los industriales que están imponiendo "condiciones leoninas" en los contratos obligatorios.
Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha pedido adherirse a esta campaña, en la que no figuraba en principio, según ha explicado su secretario general, Lorenzo Ramos.
En el marco de la reforma de la PAC, Barato ha precisado que el Ministerio trasladará una encuesta a las organizaciones agrarias sobre cuestiones puntuales de los futuros reglamentos.
COAG también ha reclamado mantener las cuotas del azúcar hasta 2020 -en lugar de hasta 2017- y los derechos de plantación de viñedo hasta 2030 -en vez de hasta 2019-, así como una definición de agricultor activo que evite la pérdida de ayudas a los profesionales del sector en la aplicación de la convergencia interna.
Ramos, por su parte, ha abogado por un sistema con un techo de ayudas de 100.000 euros para grandes perceptores, que no pierdan los cultivos tradicionales que realmente son productivos y que se sumen a los pagos frutas y hortalizas, viñedo o porcino en extensivo.
Piden una discriminación positiva a los seguros agrarios
Otro punto abordado en la reunión han sido los seguros agrarios, para los que Barato ha defendido una discriminación positiva.
Desde COAG, Blanco ha pedido un "compromiso de futuro" para que "no se estrangule" el seguro ante la reducción de las ayudas, que va desde el 50 al 100 % en algunas comunidades.
El comité ha analizado, además, la situación de la campaña del aceite, sobre la que COAG ha pedido la intervención de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ante la caída de hasta un 40 % de los precios en origen, a pesar de la "enorme" reducción de la producción, lo que a su juicio podría deberse a una presunta "maniobra orquestada" de los operadores.
Se ha abordado la problemática de los robos en el campo, respecto a la que Barato ha subrayado que existe un compromiso por parte del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pero que el sector está a la espera de recibir la información por escrito sobre cómo será la tramitación parlamentaria para modificar el código penal y endurecer las penas.
Sobre este problema, UPA ha reclamado un esfuerzo adicional de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las corporaciones locales.
"Sufrimos robos a diario", ha afirmado Ramos, quien criticó que en muchos casos notan más presión policial los agricultores -para controlar sus productos y documentación- y reclamó más presencia policial para evitar que tenga que ser el sector el que se movilice para crear patrullas en el campo con el fin de evitar los hurtos en productos y equipos