La consellera de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Elena Cebrián, ha asegurado que su departamento estima, en el peor de los casos, la concesión de indemnizaciones por 16 millones de euros para afectados por la xylella fastidiosa, a 7.400 euros por hectárea.
Cebrián ha informado de que la conselleria ya tiene listo un borrador de la orden que regulará las indemnizaciones que recibirán los agricultores afectados por la xylella, y ha señalado que la UE se hará cargo del 50% de las mismas, el Gobierno del 25% y la Generalitat del 25% restante.
«Cuanta menos indemnización sea necesaria, mejor», ha señalado la consellera en la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de Les Corts, donde ha comparecido a petición propia y del PP para explicar la situación en la Comunitat respecto de la plaga de la bacteria xylella fastidiosa y las medidas para hacerle frente.
Problemas legales para hacer frente a la situación e indemnización de algunos viveros afectados
El borrador de esta orden, ha detallado Cebrián, está elaborado en colaboración con técnico de la universidad y pendiente de «compartir con el sector».
Este informe incluirá, ha apuntado, qué sucederá con los 42 viveros ubicados en zonas demarcadas -afectados por la xylella al tener por brotes cercanos- no sólo por la pérdida de plantas, sino porque están paralizados y se enfrentan a la prohibición de vender y plantar las mismas especies hospedantes durante cinco años.
La consellera, sin embargo, ha informado de que existen dudas y controversias legales sobre la concesión de indemnizaciones por el lucro cesante de estos viveros.
«Hay que llegar a convivir con esto, como se convive con otras plagas que fueron preocupantes, pero es necesaria la colaboración del ministerio», ha apuntado la consellera, que ha reivindicado más fondos para el IVIA, como instituto de referencia.
Por el momento, ha indicado la consellera, se ha detectado xylella únicamente en almendros del norte de Alicante, si bien ha admitido que esta bacteria ya está presente en olivos, vid, frutales y plantas ornamentales de todas las islas Baleares, excepto Formentera.
El diputado del PP Juan de Dios Navarro ha apuntado «dudas» respecto a la correcta información a los afectados y ha anunciado que van «a cerrar filas en torno a la conselleria respecto a este problema. Nos hubiese gustado el mismo apoyo de la oposición con la plaga del picudo rojo».
Asimismo, ha preguntado por qué después de arrancados, algunos almendros afectados se dejaron en el suelo. La consellera ha explicado que no se quemaron porque estaban prohibidas las quemas y que «una vez arrancado el árbol, la bacteria muere. Seguimos un criterio técnico y científico».
Respaldo de toda la oposición a la medidas desarrolladas por la Consellería
El socialista David Cerdán ha recordado que, de momento, esta plaga no tiene cura y «no hay más opción que extirpar. Tenemos un modelo político a no seguir, el del picudo rojo, cuando no hubo control de fronteras y se detrajeron fondos del Ministerio para el control de la plaga».
La diputada de Compromís Cristina Rodríguez ha puesto en duda la efectividad de los protocolos de la UE para combatir la plaga, que exige arrancar los árboles en un perímetro de 100 metros, si bien ha considerado que «mientras no haya alternativa se han de cumplir a rajatabla».
Por Ciudadanos, María José García ha cuestionado que los técnicos de la conselleria «entren en propiedades privadas», a lo que Cebrián ha indicado que «la primera obligación de arrancar el árbol es del agricultor, si no lo hace lo ha de hacer la Administración, y no hace falta ninguna autorización, la Ley de Sanidad Vegetal lo dice claramente».
Por último, la diputada de Podemos Beatriz Gascó ha advertido sobre las dificultades de hacer frente a una «enfermedad silenciosa, cuyas evidencias tardan en aparecer y pueden ser confundidas» y ha advertido sobre la necesidad de abordar este problema en terrenos forestales y cultivos abandonados.