Al igual que se había apreciado en el juzgado de instrucción de Santiago, el auto de la Audiencia constata "indicios" de que existían "discrepancias entre las actividades subvencionadas y las que en realidad llevaron a cabo las personas contratadas", según informa Europa Press y recoge y amplía R. Prieto en  farodevigo.es. Pese a estas "irregularidades", la Audiencia concluye que no hay delito de fraude de subvenciones porque "no constituyen una quiebra esencial de la finalidad de la subvención" ya que -entiende- se ha cumplido el objetivo de las ayudas: contratar a personas en paro para que prestasen sus servicios en entidades sin ánimo de lucro.

     Las acusaciones del PP se remontan a mayo de 2010. Entonces, los populares denunciaron que había 30 asociaciones implicadas en una supuesta trama, con Unións Agrarias a la cabeza, para captar fondos de la Administración autonómica entre 2006 y 2008 con los que contratar a personal. El PP denunció que las ayudas para 160 contratos habían alcanzado los 1,89 millones de euros. Según la denuncia de los populares, la Consellería de Traballo que ocupaba el socialista Ricardo Varela se habría encargado de transferir subvenciones a "asociaciones fantasma" para contratar a afines al PSdeG. El nexo de la trama agraria, según el PP, era Pablo García, entonces secretario de Organización del PSdeG y anteriormente número dos de Unións Agrarias.

    Los magistrados concluyen que los hechos denunciados no tienen consecuencias en el ámbito penal. En su auto, el tribunal coruñés destaca que los receptores de las subvenciones las utilizaron para pagar las nóminas y cotizaciones de la Seguridad Social. Sobre el supuesto aprovechamiento ilegal de UUAA, la Audiencia dice que "lo relevante penalmente" sería que se desviasen fondos y no se aplicasen al destino -el pago de nóminas y cuotas sociales-, pero "no hay indicios".

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