El hecho por el que se impuso la sanción, ahora anulada, tiene que ver con un acuerdo alcanzado dentro del Plan Estratégico para el Marco de Jerez, en el que participaron las administraciones públicas (Consejería de Agricultura y Ministerio de Agricultura), y que fue alcanzado entre productores de uva y bodegas, por el cual se establecían una serie de condiciones que permitieran garantizar la viabilidad tanto de la producción de la uva y el vino como de la comercialización de éste.
En opinión de la organización agraria, "no era un acuerdo lesivo para el interés general, puesto que no redundaba en un incremento de precio para el consumidor, sino que las partes que intervienen en el proceso de producción y comercialización pactaban unas condiciones que permitieran asegurar la viabilidad de la actividad para todos ellos. De hecho, el citado acuerdo contó, como ya se ha mencionado, con el respaldo institucional".
La sentencia de la AN recoge expresamente que existía una legislación en la que podía basarse la actuación, y que existió participación activa de las autoridades, por lo que se estima el recurso presentado por COAG Cádiz y se anula la sanción impuesta.
El sector del vino de Jerez tiene un marcado carácter social. El 90% de las explotaciones tiene menos de 3 hectáreas. Jerez cuenta con más de 2000 explotaciones en las 7.500 hectáreas de cultivo, amparadas por denominación de origen (supone más del 50% de la totalidad de vinos amparados por D.O. en Andalucía). Más del 70% de su volumen de comercialización se destina al mercado exterior, y éste representa más del 85% del total andaluz exportado.