Representantes de la Asociación de Afectados por la no Legalización de Pozos de Explotaciones Prioritarias y Agricultores a Título Principal (ATP) se reunieron recientemente en Madrid con la Directora General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), María Dolores Pascual; la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), María Hayas, y José Juan Fernández, Director General de Desarrollo Rural, en representación del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Durante el encuentro trasladaron a la nueva Directora General la necesidad urgente de dar solución al problema de los expedientes de pozos de agricultores profesionales, paralizados en la CHG desde el año 2008, cuando se publicó un concurso para regularizar los pozos de estos mismos agricultores y los de cultivos leñosos, dentro del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), aún en vigor.
Tras la reunión, desde la Asociación lamentaron que «las posturas de las diversas administraciones no permite albergar esperanza ninguna a los titulares de estos expedientes en trámite».
PROMESAS INCUMPLIDAS
Recordaron las «promesas incumplidas» del presidente regional, Emiliano García-Page, cuando se comprometió en Pedro Muñoz (Ciudad Real) en 2019 a que antes del año 2020 estos expedientes estarían regularizados.
Igualmente, en septiembre de 2022, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunció una partida del Miteco de 250 millones para dar solución, entre otros asuntos, a estos expedientes, así como a otros tantos paralizados en la CHG.
Desde la Asociación por la Legalización de Pozos transmiten que la Administración central les comunica ahora que la posible solución a este problema está en compra de derechos de agua, lo que consideran «inviable», por el alto precio de los derechos y por la escasez de los mismos.
Por ello, la conclusión del encuentro es que «una vez más se celebra una reunión entre los mismos representantes con el mismo resultado final, la negativa por parte del Miteco, de la CHG y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a poner fin a este problema, ya enquistado».