Según señalan en una nota, en el caso de la destilación, las bodegas y cooperativas más afectadas serían las castellano-manchegas ya que en esta zona de producción es donde se obtuvieron en la vendimia del 2013 los rendimientos más elevados y a las que penalizará el Decreto mediante la entrega para la quema, sin ayudas, de un porcentaje de sus existencias a fecha de 31 de julio.

No entienden la premura y denuncia la venta a bajo precio de vino para evitar la destilación

     La Unión de Uniones se pregunta "por qué tanta premura para aprobar y publicar el Real Decreto si desde la Consejería de Agricultura se dice que esta medida no va a ser necesaria debido a la reducción de existencias en las últimas semanas de la campaña 13/14". A este respecto, la organización matiza primero que en el Real Decreto dice textualmente en su Disposición Adicional Única que para la campaña 2013/2014, se aplicará la norma de comercialización cuyas características y requisitos se recogen en el anexo”, otra cosa es el volumen que pueda establecerse hasta el máximo de 4 millones de hectólitros previsto.

     Por otro lado, resaltan que "lo que desde la Consejería se llama eufemísticamente ‘importante esfuerzo comercial de las bodegas y cooperativa’ ha sido en realidad en muchos casos una venta apresurada y a bajísimos precios para no caer en la penalización de destilación que contempla el Real Decreto publicado". El ámbito temporal del Real Decreto no se limita además sólo a esta campaña, sino que queda como una amenaza permanente que puede desencadenarse en el futuro.

La "confirmación que pesa sobre el Trasvase Tajo-Segura"

     Respecto al Real Decreto del Trasvase Tajo-Segura, la Unión cree que "es la confirmación última de que la hipoteca que pesa sobre el río Tajo tendrán que seguir pagándola nuestros hijos, en forma de riqueza y desarrollo que se va por el canal a otras regiones. El único aspecto positivo, que es la elevación hasta los 400 Hm3 en cabecera el volumen por debajo del cual no son posibles los trasvases, queda enjugado por el mero hecho de que se le da a perpetuidad carga jurídica de derecho para el Levante a unas transferencias de recursos que hasta ahora eran una posibilidad".

   Debido a esto y al hecho de establecer mecanismos automáticos de fijación de los volúmenes trasvasables, el Real Decreto, que concreta el Memorándum aprobado con el acuerdo de nuestro Gobierno Autonómico, obligaría al Estado a indemnizar a los usuarios de aguas del trasvase si dichas transferencias no se cumplieran.

    De esta manera, para la Unión "se dinamita cualquier margen de maniobra para limitar los trasvases para, por ejemplo, garantizar los recursos ante una incremento de las demandas de la demarcación del Tajo o para realizar transferencias a otras demarcaciones de Castilla-La Mancha con importantes déficits hídricos como la del Alto Guadiana que tendrán que reducir sus demandas en casi un 40 % en los próximos años y en donde, además, siguen sin resolverse los 2.500 expedientes de agricultores profesionales y explotaciones prioritarias que solicitaron acogerse a la regularización en 2008".