ASegún se señala en un comunicado, antes de Semana Santa, ya comenzaron a tratarse algunas parcelas que se veían afectadas, que han tenido tiempo de remontar su crecimiento; sin embargo, la mayoría están siendo o van a ser tratadas estos días, cuando están en el tramo final del ciclo vegetativo del trigo, y ya no está garantizada su recuperación.
Tal como apunta ASAJA, a las previsibles pérdidas productivas hay que sumar los gastos de tratamientos fungicidas, que pueden representar hasta 60 euros por hectárea, según los productos empleados.
Críticas al papel de las instituciones ante la falta de actuación por la plaga
Ante el problema, ASAJA ha pedido al Instituto Tecnológico Agrario, como organismo responsable del seguimiento de plagas, que convoque con urgencia una reunión para concretar con el sector la magnitud del daño y las posibles medidas a adoptar.
ASAJA recuerda las competencias que en la materia tiene la administración, que cuenta con departamento de plagas en cada servicio territorial provincial, a la hora de detectar este tipo de problemas, “a pesar de que en esta ocasión han sido los agricultores los que han alertado a la administración sobre el avance de los hongos, y no al revés”, subraya la OPA.
Igualmente, hay que recordar que la Ley Agraria de Castilla y León, recientemente aprobada, dedica un apartado específico al seguimiento de los problemas de sanidad vegetal, “dado que es fundamental que sean las instituciones públicas las que orienten sobre cuáles son los tratamientos más eficaces y menos costosos que deben utilizar los agricultores, puesto que las firmas comerciales no son neutrales”, indica ASAJA.
Por último, la organización profesional agraria apunta que "es importante delimitar también el tratamiento posterior de los restos de cosecha, dado que la quema de rastrojos está prohibida y existe el riesgo de que los hongos permanezca en las fincas y el problema se convierta en endémico para próximas campañas".