Algunas de estas alegaciones hacen mención a "la llamativa ausencia de la definición del agricultor o ganadero a título principal (ATP) en el articulado, cuando la defensa del mismo ha sido el eje central de las propuestas apoyadas por el sector en las recientes elecciones a cámaras agrarias". Al respecto, manifiestan expresamente "nuestra preocupación porque se pongan en igualdad de condiciones en este Anteproyecto de Ley a los ‘productores de sofá’ o inmobiliarias con los verdaderos ATP".
Asimismo, señalan en su nota que "hemos pedido que el sector agrario sea considerado estratégico, pero que se le dote de mecanismos reales y eficientes para que esta petición no sea utilizada con intenciones propagandistas, y sí se convierta en una realidad, pues no en vano el sector agrario y la industria agroalimentaria es un motor de actividad económica en los núcleos rurales".
También ven conveniente que el texto recoja el modo de coordinar agricultura con otras consejerías de las que depende también la actividad diaria de los productores agrarios, como pueden ser Fomento y Medio Ambiente o Hacienda, entre otras.
A La Alianza UPA-Coag le llama asimismo la atención que este Anteproyecto de Ley no contenga una memoria económica que pueda dar soporte y credibilidad al conjunto de los objetivos que se persiguen (incorporación de jóvenes, reconocimiento y fomento del papel de las mujeres, formación de los profesionales o I+D+i, entre otros)," teniendo en cuenta que la disposición de recursos económicos será fundamental para un eficaz desarrollo de los mismos. En caso contrario, se convertirá en un mero ejercicio de voluntarismo político sin consecuciones prácticas para el desarrollo de las explotaciones agrícolas y ganaderas en Castilla y León".
También han presentado alegaciones encaminadas a modificar sustancialmente la pretensión que recoge el anteproyecto en relación a las aportaciones económicas del sector privado en materia de infraestructuras agrarias y concentración parcelaria. "Bajo nuestro punto de vista esto deja entrever una privatización que en cualquier caso rechazamos desde nuestra organización, ya que estamos hablando de obras de interés general", señalan en su comunicado.
Además, en el documento ponen especial hincapié en que se logre "una distribución justa y eficiente de los costes y beneficios de la cadena de valor, en favor de los agricultores y ganaderos castellano-leoneses (precios justos para el productor). Por ello, valoramos la creación de la figura del Defensor de la cadena agroalimentaria y la posibilidad de crear organizaciones interprofesionales agroalimentarias cuyo ámbito sea la Comunidad de Castilla y León".
Así y todo reclaman que en el conjunto del país se ejerza un efectivo control en el mercado de los productos agroalimentarios procedentes de países terceros (la misma trazabilidad y seguridad alimentaria que se exige a los agricultores y ganaderos de Castilla y León), así como la aplicación de nuevos sistemas de regulación de mercados para evitar el hundimiento de los precios.
En definitiva, La Alianza UPA-Coag, "en un ejercicio de responsabilidad sindical, ha trabajado intensamente en los últimos días para elaborar un amplio documento de alegaciones que consideramos prioritarias para defender un modelo social agrario y por lo tanto un sector estratégico, como es la agricultura y ganadería profesional de nuestra comunidad autónoma".