EFE.- La alianza forjada por los grupos ecologistas con compañías indonesias concienciadas con la protección medioambiental está poniendo en aprietos a la industria madera y de aceite de palma, a las que se culpa de la deforestación.
Los ecologistas de este país asiático atribuyen a decenas de empresas de esos dos sectores la tala a veces ilícita de miles de hectáreas de bosques al año, que según reconoce el Gobierno de Yakarta, ha supuesto perdidas por valor de 34.000 millones dólares.
Ahora, grandes empresas como la tecnológica Nokia, la compañía aérea Garuda Indonesia participan de una otra forma en los proyectos de reforestación emprendidos por los ecologistas y que han devuelto la esperanza sobre una posible recuperación de las selvas.
Indonesia ha perdido 64 millones de hectáreas de bosque durante el último medio siglo y las estimaciones gubernamentales apuntan a que más de 1.236 firmas mineras o madereras y 537 empresas dedicadas a la producción del aceite de palma han faenado ilegalmente en la isla de Borneo, el segundo lugar con mayor biodiversidad del mundo después del Amazonas.
Sólo en el Parque Nacional de Sebangau (Borneo meridional), hogar de cientos de especies y animales, la sobreexplotación de la tierra ha arrasado una superficie equivalente a la de las provincias españolas de Asturias y Cantabria juntas.
La importancia del parque no termina ahí, ya que con más de 580.000 hectáreas de extensión, es uno de los últimos y más grandes bosques de turbera del mundo.
Sebangau fue calificado como parque nacional en 2004 a raíz de que la intensa campaña desarrollada por la organización ecologista WWF para evitar que esta selva sucumbiera a loas intereses de la industria maderera y de producción aceitera. apetito industrial.
"La protección de los bosques por parte del Gobierno es inconsistente, por lo que la mejor manera de paliar su pérdida es concienciar a la comunidad y lograr financiación privada para implementar proyectos de reforestación", explica a Efe Rosenda Kasih, coordinadora de la organización ecologista WWF en Sebangau.
Los activistas han decidido aplicar la misma picardía que las empresas a sus iniciativas y con capital privado han comenzado a comprar grandes áreas de bosque para protegerlo y replantar árboles autóctonos.
Sólo en Sebangau se han reforestado un total de 61.000 hectáreas y la tala ilegal y los incendios, las mayores amenazas, han descendido un 95 por ciento desde el año 2005, según WWF.
Un dato que celebran pero que no debe desviar la atención sobre "un drama que continúa existiendo", alerta Kasih.
En la parte indonesia de la isla de Borneo existen ocho parques nacionales, áreas en las que está, en principio, prohibida toda actividad que merme su fauna o flora "pero donde los gobiernos locales hacen la vista gorda ante la explotación ilícita", lamenta Suni, una experta del parque de Sebangau.
A bordo de un bote, el único medio para llegar hasta Sebangau, asombra la cantidad de árboles calcinados recuerdos de su naturaleza exhuberante. Claros en el bosque a modo de cicatrices que recuerdan el daño infligido al parque.
En esta lucha, las asociaciones medioambientales se las han ingeniado para lograr atajos para contrarrestar la ventaja económica de las poderosas empresas.
Si las madereras creaban canales de agua en medio de los bosques para transportar con sigilo la madera que talaban ilegalmente, los ecologistas han comenzado a construir presas para inutilizarlos.
Las mismas compañías provocaban incendios para conseguir grandes cantidades de madera barata, aunque fuera de menor calidad, pero gracias a los presión de los activistas el Gobierno indonesio prohibió cualquier tipo de venta de troncos chamuscados o caídos.
Precisamente, el Ejecutivo central ha sido la más importante incorporación que los ecologistas han podido lograr en su bando; su pasividad ante actividades que mermaban los bosques pero creaban ingentes beneficios había sido la tónica habitual hasta la actualidad.
Sin embargo, el pasado mes de abril, en parte gracias a la presión extranjera y especialmente de la Unión Europea (UE), varios ministerios han comenzado una investigación conjunta para valorar los daños causados y ponerle freno a esta sangría.