En u comunicado, la organización recuerda que el concepto de `agricultor activo´ está enmarcado en el artículo 9 de la propuesta del Reglamento Comunitario correspondiendo a los estados miembros la definición concreta de quienes deben ser los beneficiarios de los pagos compensatorios de la PAC.
De igual modo, el artículo 4 C del reglamento del Pago Básico se refiere a la definición de `actividad agraria´, que otorga un amplio margen a los estados miembros para que fijen los criterios que definan la actividad en las explotaciones.
Por este motivo, LA ALIANZA UPA-COAG recuerda la posibilidad que tiene en este caso España de recoger lo que mejor conviene a los verdaderos profesionales del sector agrario de nuestro país.
Espera "criterios sociales y de sentido común" y acabar con la "especulación"
En este sentido cree que "resulta fundamental que se responda perfectamente a la necesidad de aplicar la reforma de la PAC con criterios sociales y más ajustados al sentido común, si lo que se pretende es apoyar al verdadero agricultor y ganadero profesional, y acabar con la especulación y la `agricultura de sofá" .
Si finalmente el Ministerio de Agricultura aprueba los grandes principios que se han recogido en el documento de Castilla y León "se pondría negro sobre blanco a conceptos fundamentales como la obligatoriedad de cumplir la normativa básica estatal en materia fiscal y de seguridad social. Incluso, se da un periodo transitorio que permita la regularización para que en el 2015, año en el que se aplica la reforma, todo aquel que así quiera pueda cumplir la norma".
De igual forma recuerda que la definición de `agricultor activo´, que sale de Castilla y León , "evitaría que percibieran pagos compensatorios todos aquellos agricultores y ganaderos que no cultiven la tierra o no tengan animales, así como garantizaría que todos los que los perciben estén al día de sus obligaciones fiscales y con la seguridad social".
Para LA ALIANZA UPA-COAG es fundamental que el ministro de Agricultura Arias Cañete tenga en cuenta a Castilla y León por el gran peso específico que representa en el sector agrario nacional, para evitar que la reforma "siga generando graves injusticias sociales, y de una vez por todas se posibilite un relevo generacional con futuro a los profesionales del sector agrario y al conjunto del medio rural".
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