La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha destacado la eficacia de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), con 1.748 inspecciones de oficio desde su creación y más de 300 comunicaciones de posibles ventas a pérdidas a las comunidades.
Así lo ha resaltado la ministra en el Pleno del Congreso de los Diputados en respuesta al diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Javier Calvente, que le había pedido la valoración del Gobierno sobre la supervisión que hace la Agencia para controlar el cumplimiento de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
García Tejerina ha subrayado que, en tres años de actividad, la AICA ha realizado un amplio plan de control, investigando por denuncias o de oficio a todos los agentes que intervienen en la cadena alimentaria.
Para la ministra, «era imprescindible que hubiera un supervisor capaz de realiza inspecciones de oficio, investigar denuncias y sancionar»
Un plan que ha sido «especialmente útil» -ha recalcado la ministra- ante «situaciones difíciles» como la crisis láctea, el veto ruso y la evolución de los precios de las hortalizas del invierno y «en todos los eslabones se ha comprobado la eficacia de la AICA».
En el ámbito de las ventas a pérdidas, ha recordado que la competencia recae en las comunidades autónomas pero, aún así, el papel de la AICA ha sido eficiente al trasladar más de 300 comunicaciones por estas prácticas a las consejerías de comercio autonómicas.
En su intervención, García Tejerina ha destacado que la promulgación en el Parlamento de la ley 12/2013 «ha marcado un antes y un después en la cadena alimentaria» y, gracias a ella, la AICA puede investigar hoy prácticas comerciales abusivas. «Se ha convertido en un referente de control», ha reiterado.
Para la ministra, «era imprescindible que hubiera un supervisor capaz de realiza inspecciones de oficio, investigar denuncias e iniciar e instruir expedientes sancionadores», como ha hecho la AICA.
También ha resaltado la ministra que la ley implantó un código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria, que completa el paquete de medidas del Gobierno para equilibrar la cadena.