En este sentido, la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria "incorpora nuevos derechos y obligaciones para los operadores, prohíbe las prácticas abusivas y establece un régimen de infracciones y sanciones ante su incumplimiento", ha defendido.
Gracias a esta Ley, "las ventas a resultas van a extinguirse, al ser obligatorio determinar un precio antes de que se entreguen las mercancías, un periodo que deberá estar fijado por escrito en el contrato alimentario".
Desde la entrada en vigor de esta Ley, el 4 de enero de 2014, esta agencia ha realizado ya más de 1.800 inspecciones de control.
El Gobierno aprobó el pasado viernes día 6 dos reales decretos que desarrollan la Ley y prevé, entre otras medidas, la publicación de un código de buenas prácticas mercantiles para el sector.