Fernando Fernández / Experto en Políticas Agrarias y Desarrollo Rural y Jefe de Gabinete Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Govern Balear

 Lo he dicho muchas veces. Lo llevo diciendo desde hace años. La agricultura y la ganadería no están en peligro, lo que está en peligro son los agricultores y ganaderos. Entender esto es importante a la hora de fijar el horizonte que perseguimos. No es lo mismo trabajar para garantizar la actividad y el producto agroalimentario, que poner en el centro la figura del agricultor o la ganadera.

Entramos en la quinta semana de movilizaciones de #AgricultoresAlLimite, y en estos días empezarán a conocerse las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de España. La semana pasada las organizaciones convocantes de las movilizaciones entregaron su tabla de demandas al gobierno, y había para todos; naturalmente hay recados para Agricultura, pero también para Hacienda, Trabajo, Comercio, Seguridad Social, y hasta para Asuntos Exteriores. Esperemos que entre las demandas y las respuestas exista camino que recorrer. Mientras tanto, las movilizaciones continúan y hay fechas anunciadas durante toda la primera quincena de marzo. A partir de este momento, el sector agrario y las organizaciones que lo representan tienen el reto de capitalizar la enorme corriente de apoyo social que hemos visto en las últimas semanas. Esto no es ni mucho menos fácil, y fortalecer las alianzas que se cultivaron en las últimas décadas tiene ahora un enorme sentido.

Ayer escuché la intervención del Sr Planas en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso y realmente me gustó. Sentí que hablaba con convencimiento y desde ahí, no puedo sino compartir y apoyar todo lo que dijo. Sin embargo, a pesar del respeto que le tengo, siempre encuentro estos discursos algo faltos de ilusión política. Echo de menos un horizonte esperanzador.

El sector agrario de España ha sufrido una profundísima reconversión. En este país se han escrito ríos de tinta sobre la reconversión del sector minero o de la siderurgia, pero muy poco sobre la reconversión del sector agrario y ganadero. En 1990 España contaba con 1.800.000 explotaciones agrarias y hoy apenas superan las 900.000. Entre el año 1999 y 2009 el número de explotaciones agrarias se redujo en un 23,1%. Entre el año 2009 y 2016 desaparecieron otras 45.776 explotaciones, es decir, han desaparecido el equivalente a 17 explotaciones cada día en los últimos 7 años. Los datos muestran que, sobre todo, han desaparecido las pequeñas explotaciones agrarias. Pequeñas tanto en superficie, puesto que el 54% de las que desaparecen tienen menos de 5 Has, como en dimensión económica, puesto que el 51% de las que desaparecieron tenían menos de 8.000 € de Producción Estándar Total. Sin, embargo, el problema es que la mayoría de nuestras explotaciones agrarias siguen siendo de pequeña dimensión económica. El 56% tienen una Producción Estándar Total inferior a los 9.600 €. Sabemos que es un problema y sabemos que una dimensión económica suficiente es importante para la viabilidad. Sin embargo, el problema es que en esta lógica siempre existirá un tramo de pequeñas explotaciones que desaparecerá. ¿Es posible aspirar a que se detenga esta reconversión? ¿Es posible trabajar para detener esta sangría? Personal y políticamente aspiro a que no desaparezcan agricultores y agricultoras. Aspiro a un medio rural con el mayor número posible de explotaciones agrarias viables económicamente y sostenibles ambientalmente, dirigidas por agricultores y agricultoras implantadas en el territorio, y tejiendo redes sociales y económicas lo más tupidas posible.

Esto nos lleva a la importante cuestión del relevo generacional. En el periodo actual entre 2014 y 2020, las Comunidades Autónomas hicieron unas previsiones de incorporación al sector agrario de 21.055 jóvenes, y la realidad es que, se han superado con creces las expectativas. Sin embargo, no es suficiente. Lo realmente preocupante es la tasa de relevo generacional., La relación entre agricultores menores de 40 años y los que superan los 65 en España es del 0,27. La misma tasa de relevo juvenil en mujeres jóvenes agricultoras, es de 0,23. En definitiva, necesitamos incorporar 5 veces más de jóvenes que ahora para lograr una tasa positiva. Necesitamos incorporar 20.000 jóvenes agricultores y agricultoras al año.

Por último. Actualmente la tasa de población activa agraria es alrededor del 3,1%. Revisando datos comprobamos como en el año 1980 era del 15,7%, en el año 1990 era del 9,00% y en el año 2000 era del 7%. Pero no todos los activos agrarios son titulares de explotación afiliados al sistema especial de trabajadores autónomos (SETA)[1]. En enero de 2019 estos eran 265.559, y podemos decir que entre 2009 y 2019, hay un 12 % menos de afiliados al Sistema Especial de Trabajadores Autónomos (SETA).  La cuestión vuelve a ser la misma. ¿Por qué no podemos aspirar a una tasa de población activa agraria del 6%? ¿Quién dijo que una economía desarrollada debía reducir al mínimo al sector primario? España tiene territorio, y estructura social y económica suficiente como para albergar el doble de explotaciones agrarias. España tiene demanda interna y externa, y potencial agroindustrial suficiente como para encajar el doble de agricultoras y ganaderos de los que tenemos en este momento.

Podemos imaginar una Asturias, Galicia, Aragón, Murcia, Andalucía o Baleares sin agricultores y agricultoras, sin ganaderos y ganaderas. Pensamos de verdad que nuestro país, nuestra cultura, nuestros recueros serán lo mismo sin la presencia y el trabajo de estos cientos de miles de agricultores que hoy continúan produciendo alimentos. Propongo sin más que incorporemos estas cuestiones en el debate de las propuestas y las decisiones políticas. Pongamos esperanza e ilusión al futuro del campo.

[1] En el SETA cotizan los trabajadores por cuenta propia que cumplen los criterios de la Ley de Modernización para Agricultor Profesional, que declaran realizar los trabajos directa y personalmente y que los rendimientos netos anuales inferiores a no superen el 75% de la base máxima de cotización del Régimen General en cómputo anual.