El Sindicato Labrador Gallego ha instado a la onsejería de la Xunta de Medio Rural a que reclame a la Agencia Tributaria la exención fiscal en las ayudas de incorporación al campo, ya que los beneficiados son sometidas a «un auténtico acoso burocrático y llegan a tributar hasta un tercio de la subvención recibida entre IRPF y sanciones».

Desde el SLG ven positivamente las 618 incorporacións de gente nueva al campo aprobadas a final de año con lo fondos europeos del Programa de Desarrollo Rural de Galicia (PDR) 2014-2020, «ya que el relevo geracional y el acceso de  jóvenes a la profesión agraria debe ser una prioridad de Galicia para afrontar desafíos como la estructuración del territorio, el despoblamiento rural, la absoluta dependencia alimentaria del exterior o el paro juvenil; desafíos que no se pueden afrontar con una agricultura, como la nuestra, en la que más del 60% de los y de las profesionales superan los 60 años de edad y tan sólo el 5% tiene menos de 40».

Agencia Tributaria considera estas subvenciones ganancia patrimonial y si no se declararon hay 7.000 euros de multa

Sin embargo, también les preocupa frofundamente «la ausencia total de medidas para solucionar el montón de problemas que suponen para la gente nueva que se incorpora a la actividad agraria recibir unas ayudas que, en principio, deberían servir para apoyar los inicios de una actividad profesional. Sin embargo, lejos de ayudar, recibir esas ayudas está suponiendo para muchos de ellos un auténtico viacrucis burocrático, impositivo y sancionador por parte de la Agencia Tributaria que, en 2016, supuso para muchos mozos y jóvenes una reducción de un tercio de la contía recibida y quedar sin liquidez en la puesta en marcha de su actividad profesional».

Así, el sindicato agrario destaca ejemplos reales de jóvenes que cobraron en 2014 alrededor de 22.000 euros de subvención a los que, «al ser considerados ganancia patrimonial, se les quitó de impuestos entre 5.000 y 6.000 euros. Y si, tirando por lo alto, cometieron el error de no declarar la subvención -las personas beneficiadas no son informadas de que deben hacerlo- entonces al impuesto hubo que añadir una multa, llevándoles Hacienda más de 7.000 euros».

A esto, se suma el agravante de que, al serles aprobadas las ayudas en 2014, la Agencia Tributaria les obligó a pagar en la declaración de la renta de ese año, cuando el cobro efectivo de la ayuda fue en 2015. Incluso hubo casos de personas beneficiarias que renunciaron a la ayuda o, finalmente, cobraron una contía menor, a las que se les obligó a pagar igual.

Por eso, advierte del SLG de que «dado que no fueron anunciadas medidas para solucionar estos problemas por parte de ninguna administración -ni Consellaría de Medio Rural, ni Ministerio de Hacienda- es previsible que los 618 expedientes de incorporación aprobados en 2016 en la Galicia vayan a sufrir los mismos problemas».

Necesidad de exenciones fiscales para la gente joven que apuesta por la agricultura

Para el Sindicato Labrador Gallego, las ayudas para apoyar la incorporación de gente nueva al campo deben estar exentas de tributar impuestos, «ya que fiscalizarlas atenta contra la función para la que fueron concebidas y una excesiva imposición, como el IRPF actual, crea dificultades añadidas a las personas beneficiarias en un período muy delicado de su actividad profesional en el que se deben enfrentar la numerosas amortizacións y precisan disponer de liquidez».

Por eso, reclama que , como medida transitoria, mientras no se regule esa exención, se unifique el criterio de ratear el impuesto sobre esta subvención durante los cinco años obligatorios del período de instalación, tal y como ya hacen algunas administraciones y como se hizo hasta 2014; y que no se le cobre a ninguna persona beneficiada la totalidad del IRPF en el incluso año como si la ayuda fuera un incremento de capital.

Por todo el dicho, la organización agraria destaca que si la Consellaría de Medio Rural desea realmente que las ayudas de incorporación apoyen de verdad los inicios en la profesión agraria de mozos y jóvenes, debe reunirse con responsables de la Agencia Tributaria para tratar todas estas cuestiones y a exigir, de manera inmediata, la unificación de criterios para que todas estas ayudas sean consideradas inversión de capital por Hacienda, de manera que tributen de manera rateado; y, a medio plazo, negocien con el Ministerio de Hacienda a exención de tributos para este tipo de ayudas.