También requiere que se les condene, junto al Banco Etcheverría en su condición de cómplice, a indemnizar por los daños y perjuicios causados, cuantificados en 62,51 millones de euros, por la retirada del efectivo realizado de las cuentas de la concursada.
Además, en el caso de Zoilo Pazos y de su tío José María Ruiz-Mateos, les pide que se les condene de forma solidaria a pagar una indemnización por los daños y perjuicios causados y cuantificados en 19,27 millones por la transferencia de fondos a Bardajera y la falta de reintegración a la masa de los mismos sin causa de justificación alguna.
Para la administración concursal, la operativa seguida por la empresa manejada por sus administradores y sus cómplices ha consistido en dos actuaciones.
Por un lado, un alzamiento de bienes continuado mediante la retirada de fondos en efectivo de las cuentas de Carcesa en beneficio propio de los administradores de hecho y de derecho y de la familia Ruiz Mateos, todo ello en el año 2008.
Y por otro, en la retirada de fondos con destino ajeno a la empresa, a través de transferencias bancarias a una entidad pantalla llamada Bardajera (que manejaba la caja única del Grupo Nueva Rumasa).
La Fiscalía se adhiere parcialmente a la propuesta
Por su parte, la Fiscalía se ha adherido parcialmente a la propuesta de calificación del concurso como culpable y sólo extiende la condena a Zoilo Pazos Jiménez como administrador de Carcesa a través de su socio único Apis.
Para Pazos pide la inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar a terceros durante 15 años, así como a indemnizar con 62,51 millones a la masa del concurso y cubrir el déficit que resulte tras las operaciones de liquidación de los activos de Carcesa.
Según la Fiscalía, carece de justificación la actuación de Zoilo Pazos como administrador de Apis, socio único de Carcesa, quien permitió la disposición en efectivo de más 52,22 millones de euros de una cuenta de Banco Etchverría, así como salidas en cheques al portador de más de 9,29 millones.
Asegura que se trata de una operativa que se produjo bajo la cobertura de un contrato de línea de crédito con la entidad Bamingo Canarias, cuando "la realidad fue que no se produjo trasvase de fondos, ni actividad entre ambas mercantiles" y se desconoce "el destino real de estos importes".
Esta situación, según el Fiscal, produjo una despatrimonialización de Carcesa, un aumento de la responsabilidad hipotecaria directa de la compañía y un perjuicio para los acreedores por la disminución de la posibilidad de cobro de sus créditos.
Ahora el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz ha requerido la comparecencia de Zoilo Pazos, José María Ruiz-Mateos y Banco Etecheverría como afectados por la calificación del concurso de culpable y les indica que, en el caso de no presentarse, se les declarará en rebeldía.