EFE.- Gimeno, que ha ocupado este cargo desde el 2004 hasta este año, fue acusado tanto por la Fiscalía como por la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma), que ejerce la acusación particular y que pide once años de inhabilitación para ocupar un cargo público por este caso.
A Gimeno le acusan de prevaricar al archivar intencionadamente, poco después de ocupar el cargo, un total de 76 denuncias interpuestas por los agentes rurales y la Guardia Civil a cazadores de barraca que empleaban métodos ilegales como el reclamo eléctrico.
El escrito de acusación de la fiscal recuerda que en el 2004 la dirección general de Medio Ambiente autorizó excepcionalmente la caza del tordo en barraca en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià, pero sin emplear métodos ilegales y limitando las capturas.
Entre octubre y noviembre del 2004, los agentes rurales y de la Benemérita interpusieron hasta 96 denuncias por cazar en barraca sin permiso o con reclamo eléctrico, lo que motivó la apertura de 88 expedientes administrativos sancionadores.
Según la fiscal, Gimeno, "de forma arbitraria y con ánimo de favorecer a los cazadores", resolvió los expedientes según la normativa catalana, hizo cambiar a la instructora las resoluciones e incluyó asimismo las alegaciones de los abogados de los cazadores.
Además, según la fiscal, Gimeno aprovechó el traslado de una funcionaria instructora y la llegada de otra interina para resolver los expedientes según la ley catalana, menos severa que la española, que tipificaba las infracciones como menos graves y estipulaba multas de 601 a 60.000 euros.
Así, Gimeno le dijo a la nueva instructora que aplicase la ley catalana y dictó dos tipos de resoluciones: para 17 cazadores ya condenados por el juzgado por atentado a la autoridad declaró la caducidad de los expedientes por haber transcurrido más de seis meses sin que se hubiera podido notificar la correspondiente resolución.
Para el resto de cazadores, dictó resoluciones que archivaban los expedientes y los trasladaban a los respectivos ayuntamientos, que impusieron finalmente multas de cien euros a cada uno de los cazadores denunciados.
Es por ello por lo que CCOO del Cuerpo de Agentes Rurales y la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales denunciaron los hechos ante la fiscalía, que se querelló contra Gimeno, aunque un juzgado de Amposta archivó el caso en enero del 2006.
No obstante, la Audiencia de Tarragona aceptó el recurso de apelación de la Fiscalía y de los agentes rurales y decidió reabrir el caso y acordar la apertura de juicio oral contra Víctor Gimeno, que se celebrará finalmente el 3 de junio.