EFE.- Así lo ha confirmado en rueda de prensa el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ha advertido de que quien pone en marcha una alerta temprana, como la que ha afectado a los pepinos españoles, tiene también que asumir unas responsabilidades en el caso de que no se haya actuado con la debida prudencia.
Caamaño ha explicado que el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea establece una previsión específica para exigir responsabilidades en estos casos y ha anunciado que en este momento la Abogacía del Estado está estudiando las posibles vías jurídicas que permitan subsanar los perjuicios causados a los productores españoles.
En este sentido, ha concretado que si no hay una vía específica para indemnizar a los afectados, como ocurrió en casos como el de la colza o las dioxinas, existe la posibilidad de presentar un recurso de incumplimiento que, en el caso de acreditarse las responsabilidades, permitiría hacer frente a los perjuicios que se hayan producido innecesariamente a los sectores productivos españoles.
Ese es el mecanismo que estudian los servicios jurídicos del Estado tras conocer las primeras informaciones sobre esta cuestión, según las cuales -ha reconocido Caamaño- a día de hoy "parece evidente que se ha declarado una alerta sin fundamento".
El titular de Justicia ha añadido que en todo momento se mantiene en contacto con la Secretaría de Estado de la UE, Asuntos Exteriores y Agricultura para analizar todas las cuestiones jurídicas que se pueden plantear en este asunto.
En cualquier caso, Francisco Caamaño ha reiterado que la alerta temprana es un mecanismo establecido por las autoridades de seguridad alimentaria en la UE que también genera una "cadena de responsabilidades" en caso de que no se haya hecho el uso debido.