EFE.- De este modo, García Vicente muestra su acuerdo con esta sentencia que anula el Plan Hidrológico catalán, aprobado por la Generalitat en 2010, y que fue recurrido por el Gobierno aragonés al entender que la comunidad vecina se extralimitaba en sus competencias.
El Justicia recuerda en un comunicado que cuando se aprobó el decreto de ese plan, esta institución abrió un expediente de oficio para analizar si se ajustaba a derecho, al tiempo que añade que, de sus conclusiones, se deducían defectos tanto formales como materiales que afectaban a su validez.