EFE.- La norma incluye los nuevos planes de ordenación de los recursos naturales y de uso y gestión de ambas zonas, adaptados al nuevo modelo organizativo unitario iniciado en 2007 con el traspaso del Parque Nacional a la comunidad autónoma, según ha explicado el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo.
Los documentos, que han sido elaborados con las aportaciones de los sectores sociales y económicos representados en los órganos de participación del espacio natural, incorporan las medidas de simplificación de trámites aprobadas este año por la Junta sobre los usos y actividades en los parques naturales andaluces.
Asimismo, la nueva planificación recoge la experiencia de más de veinte años en la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible que ha logrado hacer de la protección de los recursos naturales una fuente de riqueza y empleo.
De acuerdo con un informe elaborado por la Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía (ESECA), el Espacio Natural de Sierra Nevada supone una aportación directa del 21,3 por ciento a la renta familiar neta disponible por habitante en los 60 municipios que lo integran, así como un 18,5 por ciento del empleo.
El primero de los planes, denominado de ordenación de los recursos naturales, tiene vigencia indefinida y es el documentos básicos que distribuye y asigna los distintos usos y aprovechamientos de acuerdo con la capacidad de los ecosistemas, a través de cuatro niveles de protección en cada uno de los dos parques que componen el Espacio Natural de Sierra Nevada.
En el parque nacional, las áreas de máxima protección, denominadas zonas de reserva, ocupan un 0,35 por ciento de su superficie total (303 hectáreas) y se extienden fundamentalmente por el barranco de los Alisos, el valle del río Dúrcal, el robledal de la Dehesa del Camarate, el barranco del Espinar y las lagunas de alta montaña, entre otros enclaves.
Las zonas de uso restringido ocupan el 76,08 por ciento del parque (65.339 hectáreas) y están constituidas por las áreas de alta montaña con elevado grado de naturalidad que sólo pueden soportar una utilización limitada.
Como zonas de uso moderado se consideran aquellas que admiten un mayor grado de humanización y capacidad para admitir aprovechamientos.
En esta categoría, que representa el 23,51 por ciento de la superficie (20.193 hectáreas), se incluyen terrenos agrícolas, pinares de repoblación, refugios, áreas recreativas, miradores y jardines botánicos.
Por último, las zonas de uso especial, con un 0,06 por ciento de la superficie (48 hectáreas), incluye infraestructuras como las ubicadas en el Puerto de La Ragua, el embalse de Yeguas y el antiguo vivero del Posterillo, además de carreteras públicas, albergues y refugios.
En el caso del parque natural, las zonas de reserva o máxima protección suman 309 hectáreas (0,36% de la superficie) y destacan los humedales de origen endorreico y las turberas de Padul, de gran interés tanto por acoger numerosas especies de aves como por su condición de enclave privilegiado para entender los cambios climáticos en el sur de la Península Ibérica.
Con un menor nivel de exigencia medioambiental, las zonas de regulación especial incluyen los terrenos arbolados, arbustivo y de pastizales, donde se permiten aprovechamientos forestales, ganaderos, cinegéticos, apícolas y de uso público, educación ambiental e investigación.
Estos territorios abarcan 14.696 hectáreas, lo que supone más de la mitad de la extensión del parque natural (55,06%).
Por su parte, las zonas de regulación común representan el 44,02% de la superficie (38.017 hectáreas) y se localizan fundamentalmente en terrenos agrícolas, agrupaciones de viviendas de cierta entidad y áreas donde se practica el esquí alpino.