Momentos previos al reparto de la fruta en la madrileña glorieta de Atocha, frente a las puertas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, desarrollado bajo el lema "Mamá, quiero ser agricultor… pero no me dejan", Romé ha opinado que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE) se basa en mantener un "status quo" insolidario.
En su opinión, es un sistema que beneficia a perceptores que tuvieron actividad agraria en 2000, 2001 y 2002, y que seguirán recibiendo ayudas con la nueva PAC aunque no cultiven, lo que impide el paso a las nuevas generaciones a la actividad agraria y ganadera.
El 40,57 % de los perceptores tienen 65 años o más, y sólo el 3,4 %, menos de 35. "Los jóvenes que nos hemos incorporado después no tenemos esas referencias históricas y tenemos derechos de pago base muy inferiores a ellos", ha explicado.
Que las ayudas de la PAC vayan a "los que trabajan realmente"
Romé pide, por tanto, que las ayudas de la PAC vayan "al agricultor activo", que "para nosotros, que no para el Ministerio", son los que trabajan realmente en el campo, generan actividad y crean empleo.
"Cada joven que se incorpora al sector genera ocho puestos de trabajo indirectos" y, sin ellos, "el medio rural y el sector agrario se nos va a morir", porque sin relevo generacional no se producirán alimentos y se cerrarán escuelas o centros de salud, ha añadido.
Entre los problemas que les afectan, ha citado también las dificultades de acceso a la tierra, porque, a su juicio, "a los que no son profesionales les resulta muy cómodo mantener la propiedad para conservar los derechos de pago de la PAC sin estar produciendo".
Ha sumado los problemas de acceso a financiación y al crédito bancario, y la "trama burocrática" que hace que para gestionar explotaciones se le pida a un agricultor "que sea un ingeniero".
Más de la mitad de los jóvenes que se quisieron incorporar al campo no pudieron
Romé ha exigido que las subvenciones a la incorporación procedentes de los fondos de desarrollo rural "sean ayudas reales" para que los profesionales puedan adquirir la tierra o modernizar explotaciones agrarias o granjas", a lo que suman la necesidad de escuelas de capacitación agraria ubicadas en los pueblos -y no en las ciudades- y programas de formación continua.
Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha detallado que en 2012 de los 5.800 agricultores que solicitaron incorporarse a la actividad agraria "más de la mitad" no lo consiguieron por la falta de presupuesto, al tiempo que "se adeudan ayudas" de este capítulo del ejercicio de 2012 aún y "prácticamente todas" las del 2013.
Según Blanco, "si continúan los recortes presupuestarios para la incorporación de jóvenes y mujeres al campo, podemos decir, y no queremos ser alarmistas, que se nos va caer el sector agrario".
Ha criticado el sistema de ayudas al campo que, en su opinión, perpetúa la nueva PAC, cuyo modelo definitivo de aplicación en España ultiman el Gobierno y las comunidades autónomas.
"Casi dos millones de hectáreas tienen derecho a ayudas pero no mantienen actividad agraria; es inaceptable", ha insistido Blanco, quien pidió definir como agricultor activo -prioritario para cobrar subvenciones- al "verdadero profesional" y más fondos del primer y del segundo pilar (desarrollo rural) para los jóvenes.
El PP rechaza la comparecencia de Arias Cañete para hablar de la PAC
Por otra parte, la Diputación Permanente del Congreso ha rechazado, la comparecencia del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, solicitada por el PSOE en relación a las negociaciones para aplicar las nuevas ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).
El máximo órgano del Congreso en periodos inhábiles se ha opuesto, este martes, a ocho de las diez comparecencias de miembros del Gobierno que habían solicitado los grupos de la oposición.
La petición de comparecencia de Arias Cañete era por lo que consideran retraso de la aplicación de la Política Agraria Común (PAC).
El PSOE instó al ministro a que explicara las razones de la demora en la adopción de los "acuerdos necesarios" para la puesta en marcha nacional de la reforma de la PAC, aprobada por la Unión Europea (UE), que regirá la gestión y las ayudas al campo en los próximos siete años.
Los socialistas también requerían a Arias Cañete que expusiera los motivos "que explican la exclusión de las organizaciones profesionales agrarias de las negociaciones para la adopción del nuevo modelo de reparto" de dichas subvenciones.