El gobierno de Jerez podrá seguir la hoja de ruta de su segundo plan de ajuste y ejecutar una de sus medidas más polémicas: privatizar la gestión del agua, el único servicio municipal rentable. El concurso había quedado desierto en dos ocasiones, pero en el tercer intento, y tras flexibilizarse las condiciones de pago, la multinacional Aqualia (FCC) ha presentado una oferta para hacerse con el servicio. La gestión de Aguas de Jerez es una ganga: la empresa adjudicataria debe pagar 80 millones de euros en dos veces por una concesión a 25 años que, según la propia memoria del PP, genera unos beneficios de nueve millones de euros anuales, 225 millones de ganancias en los cinco lustros de contrato.
A la firma del contrato, el Consistorio que preside la popular María José García Pelayo, percibirá 40 millones de euros del que se beneficiarán 11 bancos que podrán cobrar las tres primeras cuotas (13,5 millones de euros) del préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) habilitado por el Gobierno central para el plan de pago a proveedores. El resto de los 80 millones se transferirá, como se recoge en el último pliego de condiciones, en el primer año de contrato.
Aqualia no podrá reducir personal de Ajemsa ni subir la factura más allá del IPC en los 25 años de concesión. Condiciones de las que desconfía la Plataforma en Defensa del Agua, que ha recordado este lunes que en todos los municipios en los que se ha optado por un modelo de gestión privado frente al público se ha encarecido el recibo. En San Fernando (Cádiz) el precio del agua que pagan los contribuyentes se ha incrementado un 117% desde 1994; en Huelva, un 40,7% desde enero de 2011.
Para el portavoz de IU, Joaquín del Valle, el más activo en la defensa de este bien público, la privatización es una “estafa” del gobierno del PP por “malvender la única empresa municipal rentable bajo la excusa de la deuda municipal cuando ya en 2003 Pelayo como alcaldesa quiso privatizar el agua”. “Que no culpen a la situación económica. Este es el modelo político del PP. Nada más”, remachó del Valle.
La privatización del agua moviliza a decenas de organizaciones socialesMaría José García Pelayo accedió a la alcaldía de Jerez (por segunda vez tras su pacto de gobierno con Pacheco en 2003 y 2004) en junio de 2011. Ya en septiembre anunció la privatización de la gestión del agua durante 25 años a cambio de un canon de 100 millones de euros.
En marzo de 2012, el gobierno jerezano aprobaba en sesión plenaria, con el rechazo de la oposición, la operación por un precio de entre 85 y 100 millones. Ese mismo mes, la alcaldesa daba marcha atrás en aras de una transacción “más suave” que consistía en vender el 49% del ente público.
En el mes de julio, el gobierno pasa, sin avisar, el cobro de un recibo extra del agua. Aunque explica que sólo se trataba de una actualización de la facturación, unas semanas después se evidencia el verdadero motivo del recibo extra: la alcaldesa volvía a anunciar, de nuevo tras hacerse público, su intención de sacar un concurso para la externalización de la gestión. Ya no eran 100 millones como se anunció en septiembre de 2011, ni entre 85 y 100 millones como se aprobó el dos de marzo de 2012 en pleno, sino 80 millones de euros por una concesión de 25 años.
Según fuentes municipales, al haberse presentado una sola oferta, la adjudicación puede materializarse en febrero y el contrato puede firmarse el 20 de marzo para la entrada en servicio de Aqualia, que gestionaría hasta 2038 el abastecimiento, alcantarillado y depuración en una Unión Temporal de Empresas (UTE).
García Pelayo afirmó que la decisión es importante “para generar confianza en otros concursos que ahora han quedado desiertos”, como limpieza escolar, gestión tributaria y suministro eléctrico