El Pais.- Ni una deuda descomunal ni una conflictividad social permanente ni un colapso financiero absoluto ni una tasa de paro de más del 35% ni una desindustrialización progresiva empujan al Ayuntamiento de Jerez a pedir auxilio al Gobierno, el mismo que prometió hace menos de un año “no dejar caer” a ninguna Administración, fuera autonómica o local. Para salir de un hoyo de casi 1.000 millones de euros, el Consistorio jerezano ya ha recurrido a un ERE para 260 trabajadores municipales, una bajada salarial para su personal del 11,5%, una reducción del 20% del gasto corriente, del 25% a las concesionarias que prestan servicios públicos, y del 40% en el coste de la corporación municipal. Ajustado todo lo ajustable, ha decidido apostar su estabilidad futura a la privatización de la gestión de su única empresa rentable: Aguas de Jerez (Ajemsa).
Este ente municipal está saneado hasta el 31 de diciembre de 2011, tras pagar a sus proveedores 70 millones de euros gracias a la línea de crédito del ICO habilitada por el Ministerio de Hacienda. El préstamo hay que devolverlo en 10 años con un interés del 5,9%, pero Ajemsa vuelve a ser un caramelo para cualquier inversor que esté dispuesto a pagar 80 millones de euros por la concesión del servicio durante 25 años. Según reza en la memoria del pliego de condiciones, de la compañía de aguas manan unos beneficios anuales de 9 millones de euros. En menos de la mitad de la concesión, la inversión estaría amortizada.
Con esos 80 millones de euros, el Gobierno municipal (PP) debe pagar a una entidad financiera (como condición indispensable para la privatización) un préstamo de 25 millones de euros. Con el resto del capital, 55 millones, el Cabildo jerezano pretende empezar a atender las amortizaciones trimestrales del préstamo del ICO por valor de 328 millones de euros (el primer plazo lo incumplió en julio); y, lo que es más importante, abonar los siete millones de euros del inaplazable de una deuda con Hacienda y Seguridad Social que desde hace años bloquea a Jerez el 100% de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). Solo levantando esta losa, las arcas municipales percibirían 3,2 millones de euros mensuales, más que suficientes para abonar la nómina de la plantilla, que, tras los despidos y supresión de pluses por valor de 15 millones de euros, tiene un coste mensual desde noviembre de 2,6 millones de euros, al margen de las empresas municipales.
El concurso para la privatización de la gestión del agua ha quedado desierto dos veces, la última, a principios de noviembre. Las dos empresas interesadas reclaman más flexibilidad en los pagos, es decir, liberar un porcentaje a la firma del contrato y aplazar el resto. Pese a la oposición vecinal, una comisión técnica municipal se devana desde hace semanas los sesos con el fin de casar las exigencias de los compradores con los intereses de la ciudad, que, sin la mayor parte del dinero disponible, quedaría de nuevo bloqueada por cualquier otro conflicto laboral.
La alcaldesa María José García Pelayo no dispone de demasiado tiempo para buscar efectivo. Apenas tiene un colchón de dos o tres meses. El ingreso en noviembre de 21 millones de euros por el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) le ha permitido pagar 3 millones al Consorcio Provincial de Bomberos para evitar la expulsión del Ayuntamiento por moroso; 2,5 millones a la concesionaria de autobuses urbanos para el abono de algunas de las seis nóminas pendientes a la plantilla; cerca de siete millones de euros al personal municipal para saldar parte de la mensualidad de septiembre y la de octubre; un millón de euros a la adjudicataria de limpieza en los colegios públicos para lograr desconvocar una huelga que dejó el pasado mes a 7.000 niños sin clase por insalubridad en las aulas; 700.000 euros al servicio de dependencia domiciliaria y otros tantos a Endesa para liquidar la factura de la luz de lo que va de año.
Pelayo confía su futuro al agua y vincula el fracaso de la privatización a más recortes. El gobierno ha paralizado un ERE en las empresas municipales para 150 empleados. La sangría será mayor o menor en función del resultado de la operación.
La alcaldesa se mantiene “firme” en cumplir “a rajatabla” el plan de ajuste exigido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el mismo que comprometió el 14 de febrero “tutelar medidas de auxilio” para Jerez. Nueve meses de espera, pero el grifo sigue cerrado.