Hay que recordar que las condiciones ofertadas por las entidades Aqualia S.A. y Traina S.A. se concreta en un canon que asciende a 80.100.000 euros, lo que supone un incremento de 100.000 euros respecto al tipo mínimo de licitación. Igualmente, la adjudicataria adquiere los siguientes compromisos de cumplimiento anual: en el apartado de inversiones se mantiene el tipo de 1.000.000 de euros y en el capítulo de mejoras, se ha ofertado 250.000 euros anuales para detección de fugas.
El Gobierno local recuerda que el pliego de condiciones garantiza que el recibo del agua no subirá por encima del IPC durante los próximos 25 años salvo que otra administración competente decida crear algún tipo de canon y el Ayuntamiento se vea obligado a aplicarlo con o sin concesión. Asimismo se mantendrán las bonificaciones existentes tanto para personas en situación de especial dificultad económica, como para pensionistas y familias numerosas.
Se garantiza la estabilidad de la plantilla tanto de Ajemsa como de Imesapi ya que existe una carta de garantías que, además de garantizar sus puestos de trabajo, asegura el mantenimiento de las mismas condiciones laborales, respetando las categorías profesionales, la antigüedad y los salarios, entre otros derechos.
El pliego también garantiza la calidad del servicio ya que, además de que Aqualia es una empresa con una probada solvencia en el sector del agua, están previstas inversiones en infraestructuras por un millón de euros, lo que duplica las que actualmente realiza Ajemsa.
El Gobierno hace hincapié igualmente en que, esta medida que se ha tomado para sanear las cuentas municipales y poder hacer frente a la deuda heredada de gobiernos anteriores, garantiza la calidad, el precio, el control ciudadano de la gestión y el patrimonio. Así como que el procedimiento se ha realizado acorde a la legalidad vigente, con total transparencia y con el aval de los informes técnicos.
En este sentido hay que recordar que la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha mantenido encuentros con el comité de empresa de Ajemsa, los partidos de la oposición, los alcaldes pedáneos y Solidaridad para ofrecerles amplia información sobre el procedimiento y solventar todas sus dudas.
Una vez se firme el contrato, la empresa tendrá dos meses como máximo para aportar el 50% del canon mientras que el resto lo abonará en el plazo máximo de un año.