EFE.- El portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Adolfo Barrena, ha explicado hoy en rueda de prensa que el Ministerio ha comunicado a Aragón, Asturias y Navarra, las tres únicas comunidades autónomas que han presentado a tiempo los planes de zona subvencionables con los fondos del Plan de Desarrollo Rural aprobado en junio de 2010, con una dotación estatal de 1.810 millones de euros, que estos quedan "paralizados" y que no se van a firmar los convenios previstos.
A las otras comunidades les ha informado de que si no presentan sus planes y se firman los convenios antes del 30 de septiembre, los fondos se reducirán un veinte por ciento porque se recortará una anualidad.
De la aportación de 1.810 millones de euros, 141 correspondían a Aragón, cantidad que debía ser completada con otra idéntica por las instituciones de la comunidad autónoma, muchas de las cuales (comarcas, municipios o diputaciones provinciales) ya han incluido partidas en sus presupuestos para acometer las actuaciones previstas.
Esto supone, según Jesús García, representante de IU en el Consejo para el Medio Rural de Aragón, que muchas comarcas aragonesas van a ver "frustradas" sus ilusiones, y todo sin que el Gobierno de Aragón "abandere la reivindicación" y "vele por la garantía de la aplicación del plan".
Por eso, ha exigido que se convoque una reunión de este organismo y que se den explicaciones de por qué Aragón, que ha cumplido el plazo y ha presentado los planes de zona, no va a recibir los fondos previstos.
El argumento de que la aplicación de los planes incrementaría el déficit de Aragón es una "excusa de mal pagador" para IU, pero Barrena intuye que los planes de zona en el resto de autonomías también van a ser paralizados.
A su juicio, es especialmente grave el hecho de que se haya roto de forma "unilateral" un pacto firmado entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y las Autonomías, y que el argumento, ha ironizado Jesús García, sea "hacernos un favor para que no incurramos en déficit".
IU presentará mociones en todos los ayuntamientos en los que tiene representación para rechazar el "unilateral cumplimiento" que hace el Ministerio de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, porque supone un "grave frenazo" al desarrollo de las comarcas y para pedir urgentemente al Gobierno de Aragón que reclame al Estado el cumplimiento del programa.