La Guardia Civil investiga a treinta personas por fraude en el cobro de las subvenciones de la PAC de la Unión Europea, al omitir, en presunta connivencia con personal de la Junta de Castilla y León, el uso de guías de transporte de ganado y por simulación de pastoreo para obtener, de forma ilícita, una serie de ayudas, que alcanzaban los 45.000 euros de beneficio por ganadero al año.

Según ha informado este miércoles el Instituto Armado, se estima que los investigados pudieron obtener un beneficio ilícito cercano al millón de euros y, tras la investigación patrimonial que se ha realizado en paralelo, han resultado congelados cerca de cien inmuebles valorados en más de cuatro millones de euros.

En declaraciones a Efeagro, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha trasladado que ya están colaborando con la investigación en todo lo que se solicita y la Administración se ha personado en el caso como «parte perjudicada».

El fraude está relacionado con la sanidad y el  bienestar animal y las actuaciones han sido coordinadas, por primera vez, por una Unidad del Seprona junto con la Fiscalía Europea, que ha conducido a la investigación por fraude de 22 personas físicas y ocho jurídicas.

A los investigados se les acusa de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa.

Se han detectado irregularidades en el cobro de estas subvenciones por parte de ganaderos de las provincias de Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y Cantabria.

Las investigaciones comenzaron en junio de 2022, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una trama que estaría falseando las condiciones necesarias para la obtención ilícita de una serie de ayudas de la PAC, presuntamente en connivencia con personal de la administración perteneciente a la Junta de Castilla y León, concretamente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

45.000 EUROS DE BENEFICIO POR GANADERO AL AÑO

Los ganaderos investigados solicitaban la ayuda de la PAC simulando la realización de este pastoreo en diferentes territorios ubicados en la provincia de Palencia. Los referidos ganaderos poseían explotaciones de ganado vacuno intensivas, cuya finalidad era el engorde de los animales en el menor tiempo posible, por lo que estos animales «nunca llegaban a pastar en las tierras objeto de la ayuda».

Los ganaderos implicados recibían una cantidad, ilícita, que rondaba los 45.000 euros de beneficio por ganadero al año, por simular pastar en unos terrenos cuando, realmente, «el ganado nunca salía de las explotaciones intensivas».

Se ha podido demostrar además que los pastos por los que se recibían las ayudas de la PAC eran «reasignados de manera ilícita a ganaderos del sur de España», los cuales poseían ganado de abasto que trasladaban a los citados pastos para realizar la trashumancia.

De esta manera se obtenía «un doble beneficio ilícito por los pastos», que eran imputados documentariamente a los ganaderos solicitantes de la PAC, para recibir la ayuda, pero realmente «eran aprovechados por otros ganaderos que tenían que pagar por el uso de los mismos».

UNA TRAMA FAMILIAR ENCABEZABA LAS OPERACIONES

Este fraude estaba, según las investigaciones, encabezado por el Jefe de la Sección Agraria Comarcal (SAC), que era el encargado, en primera persona, de la validación y gestión de los diferentes expedientes fraudulentos y desoía las advertencias de los técnicos de su administración.

Coincide que la veterinaria encargada de la inspección del ganado era la pareja sentimental del referido Jefe de la SAC, quien no realizó ninguna inspección de campo en el periodo durante el que se cometieron los ilícitos investigados, a pesar de la existencia de «multitud de condicionantes de riesgo».

Además, el Presidente de la Junta Vecinal, hermano del Jefe de la SAC, emitía certificados de uso de pastos fraudulentos (documento oficial obligatorio de cara a la solicitud de las ayudas).

Por otro lado, una serie de personas relacionadas a nivel personal con la figura del Jefe de la SAC y vinculadas a una asociación de defensa del ganadero se encargaban de «conseguir» a los ganaderos solicitantes de las ayudas, en diferentes provincias, realizando de primera mano las gestiones necesarias para la obtención por parte de los ganaderos del beneficio ilícito.