Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han intervenido, en dos operaciones llevadas a cabo en la provincia de Huesca, once toneladas de carne de caza que iban a ser introducidas en la cadena de consumo sin medidas de higiene ni control sanitario.
Según informa el Instituto Armado, la primera intervención, desarrollada en el marco de la Operación «Sus Scrofa» para la detección de irregularidades en el comercio con carne de caza, se llevó a cabo el pasado 19 de septiembre en una nave ubicada en Sabiñánigo en la que se manipulaban jabalíes y corzos.
Los agentes, tras comprobar que las instalaciones no estaban autorizadas para recogida de animales de caza, localizaron durante la inspección una cámara de frío montada parcialmente y sin funcionamiento al no disponer de energía eléctrica.
El veterinario del Gobierno aragonés desplazado a la nave constató que las piezas no eran aptas para el consumo
En las instalaciones también inspeccionaron un remolque isotermo en cuyo interior había colgados en canales cadáveres de jabalí y de corzo, así como una bolsa con vísceras sin identificar su procedencia.
El veterinario del Gobierno aragonés desplazado a la nave constató que las piezas no eran aptas para el consumo al no darse las condiciones sanitarias necesarias para su conservación y carecer de documentación referida a su origen.
En la misma operación fueron destruidas la totalidad de piezas depositadas, 96 jabalíes y 5 corzos, y denunciado el propietario por infracciones referidas a la normativa legal que establece las condiciones sanitarias de instalaciones para la manipulación de carnes.
En el marco de la misma operación, agentes del Seprona interceptaron el pasado 10 de octubre un camión que circulaba por la autovía A-23 a su paso por el término municipal de Huesca con 51 jabalíes y 10 corzos colgados en canal en su interior y sin guía sanitaria.
Tras tomar la temperatura a varias de las piezas, los agentes comprobaron que estaban a unos 14 grados centígrados, por lo que había roto la cadena de frío.
El veterinario del Gobierno aragonés emitió posteriormente un acta para certificar que la carne no era apta para el consumo ya que podía suponer un «grave riesgo» para la salud pública, y ordenó la destrucción de las piezas. Además, el vehículo fue inmovilizado por agentes de Tráfico de la Guardia Civil al superar en un 67 por ciento el peso de carga máximo autorizado.
El Seprona, que mantiene abierta la operación, formuló por estos hechos denuncias administrativas por infracciones a la ley de sanidad y a la de caza.
Fuentes de la investigación han explicado a Efe que estas piezas suelen ser vendidas por cazadores a distribuidores no autorizados que envían la carne dentro y fuera del país para la elaboración de productos destinados a la venta, incluso como «delicatessen».